Ingeniero de Caminos pide en el Senado "priorizar" presas y desvíos en Valencia tras la dana y "acortar plazos"

Durante la comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre las circunstancias que se dieron durante la dana del 29 de octubre en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros Rodrigo, llamó la atención sobre la falta de implantación de sistemas de alerta temprana en la cuenca del Júcar y expuso que, según su criterio, si las infraestructuras previstas en los programas de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) en zonas como el río Magro hubieran estado finalizadas, la tragedia habría tenido consecuencias humanas y materiales mucho menores. Según consignó el medio, Trigueros insistió en la necesidad de priorizar la construcción de presas y desvíos, además de acortar plazos y agilizar la ejecución de proyectos esenciales para la seguridad de la población.

Tal como detalló el medio, Trigueros defendió ante el Senado que, aunque la ejecución de grandes infraestructuras requiere de la realización previa de proyectos técnicos, España dispone de capacidades en ingeniería que permitirían avanzar con rapidez si se estableciesen procedimientos especiales para evitar demoras administrativas. El experto insistió en que no se trata de catalogar estas actuaciones como obras de emergencia, ya que este tipo de intervenciones requieren plazos muy cortos, sino que propuso la creación de mecanismos normativos que permitan acortar procesos y así agilizar la puesta en marcha de construcciones hidráulicas esenciales.

Durante su exposición, el presidente de la asociación expresó que la falta de ejecución de las obras previstas tuvo impacto directo en la magnitud de las consecuencias tras la dana del 29 de octubre, con un mayor número de fallecidos y daños personales. Recalcó que, aunque nadie puede asegurar que no se habrían producido víctimas, "con total seguridad no hubiera sido del nivel que se produjo". Insistió en que el fallo en las alertas y la ausencia de infraestructuras adecuadas agravaron los efectos de la catástrofe.

De acuerdo con lo informado, Trigueros también hizo referencia al papel de la Ley de la Huerta de la Comunidad Valenciana en la paralización de algunas de las obras hidráulicas proyectadas. Señaló que, aunque se considera defensor del medio ambiente, resulta necesario encontrar una fórmula que equilibre la protección ambiental con la seguridad de la vida humana. Según su intervención, la tendencia en la administración durante determinados periodos pasados optó por evitar la realización de nuevas presas y desvíos, lo que en su opinión afectó negativamente la ejecución de proyectos destinados a la contención y gestión de inundaciones.

Asimismo, Trigueros puntualizó que la responsabilidad por la demora en las obras no puede atribuirse únicamente a que ciertas formaciones políticas, como el Partido Popular (PP), hayan dejado caducar declaraciones de impacto ambiental. En su testimonio, afirmó que la decisión de la administración española de entonces consistió en "demonizar" las obras hidráulicas, impidiendo que estos avances se materializasen y reduciendo así la resiliencia ante eventos meteorológicos extremos.

El medio reportó que Trigueros criticó que la cuenca del Júcar todavía no cuenta con un sistema de alerta temprana, una tecnología que en el Ebro lleva entre quince y veinte años operativa. Además, propuso complementar las actuaciones hidráulicas con una restauración hidrológico forestal en las zonas cabeceras de los ríos, si bien advirtió que esta medida debe formar parte de un conjunto más amplio de soluciones y no aplicarse de manera aislada.

En cuanto a los planes de emergencia relacionados con las presas, Trigueros informó que existen 331 planes elaborados, aunque sólo 47 están completamente implantados, lo que evidencia una brecha notable entre la planificación y la puesta en marcha de las acciones necesarias para actuar ante posibles riesgos de inundación.

Por otra parte, según consignó el medio, la portavoz del Partido Popular, María Jesús Bonilla Domínguez, destacó la urgencia de que los Presupuestos Generales del Estado prioricen la seguridad de las personas. Consideró irresponsable que muchas de las obras previstas no se hayan ejecutado o ni siquiera iniciado y celebró la propuesta de Trigueros orientada a agilizar las actuaciones, incluyendo medidas alternativas como la limpieza de cauces de los ríos. Bonilla recalcó la importancia de que estas cuestiones queden reflejadas como prioridades en la agenda política y presupuestaria.

Durante la comisión, Fernando Carbonell Tatay, portavoz de Vox, consultó sobre la viabilidad de modificar la construcción de garajes en zonas susceptibles de inundación, planteando la alternativa de ubicarlos en altura o evitar su edificación en zonas de riesgo. Además, subrayó la necesidad de realizar campañas de prevención y la ejecución de simulacros en centros educativos, con el objetivo de que los niños aprendan a reaccionar correctamente ante episodios de lluvias intensas, siguiendo el modelo de educación cívica implementado en Japón para situaciones de terremoto.

En relación con las responsabilidades por las consecuencias de la dana, Enric Xavier Morera Català, portavoz de Compromís, sostuvo que no puede atribuirse a todos la culpa de los hechos ocurridos en Valencia. Defendió que ni él ni otros miembros presentes pueden ser equiparados a quienes ejercían competencias en la gestión de la emergencia. Morera Català señaló, además, que el mantenimiento de las presas se vio afectado por la coyuntura económica a partir de 2010, aunque subrayó que las obras previstas para la Comunidad Valenciana estaban listas para ejecutarse en diciembre de 2011, cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del Gobierno español. Precisó que "ninguna" de esas actuaciones fue impulsada por el Ejecutivo durante los siete años posteriores, responsabilidad atribuida a la administración central.

Según publicó el medio, Morera Català explicó que, para afrontar el riesgo de inundaciones, ya existen dos proyectos desarrollados: uno impulsado por la administración autonómica valenciana y otro por el Gobierno central, lo que refleja que la cuestión ha pasado a formar parte de las agendas políticas tanto regional como nacional.

De acuerdo con la cobertura del medio, la senadora socialista Amparo Torres Valencoso responsabilizó al Partido Popular de obstaculizar la comparecencia de lo que ella denominó "los verdaderos responsables de las graves consecuencias" de la semana del 29 de octubre de 2024, refiriéndose específicamente al presidente valenciano, Carlos Mazón, y su consejo de gobierno. Torres Valencoso criticó que estos actores, a su juicio centrales en la gestión de la emergencia, no hayan comparecido para rendir cuentas sobre la gestión tras el temporal.

Durante la comparecencia, Trigueros mantuvo la necesidad de diferenciar entre la defensa del medio ambiente y la protección de la vida humana, insistiendo en que ambos objetivos pueden y deben ir de la mano. Explicó que la estrategia de gestión de riesgos de inundación pasa por un enfoque integral, que incluye la construcción de nuevas infraestructuras, la mejora de sistemas de alerta, la planificación eficaz de las emergencias y la restauración ambiental, con el fin de reducir el impacto de futuros episodios climáticos en la Comunidad Valenciana.

El medio detalló que los ingenieros reiteraron las advertencias sobre la probabilidad de que se repitan catástrofes similares si no se facilita el avance de los proyectos hidráulicos, y si no se promueven mecanismos eficaces para reducir retrasos y mejorar los dispositivos de respuesta ante emergencias. La comparecencia en el Senado refleja la preocupación sectorial y política ante la vulnerabilidad del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos, así como la demanda de una acción coordinada y rápida para minimizar los riesgos para la población.