
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha solicitado al Ministerio del Interior la elaboración urgente de una orden ministerial o la derogación del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros.
Los hoteleros denuncian "bloqueos operativos, confusión y mayores costes administrativos "para pymes y turoperadores y solicitan diálogo urgente con Interior y Turismo.
Según Jorge Marichal, presidente de CEHAT el sector turístico español lleva "demasiado tiempo" esperando que el Ministerio de Interior atienda a sus peticiones y escuche a los representantes europeos.
En su opinión, sería imprescindible que el Ministerio del Interior se vuelva a sentar con los representantes sectoriales "para elaborar una orden ministerial ajustada a derecho o, por el contrario, derogue el Real Decreto 933/2021, creando un sistema ágil que permita cumplir los objetivos iniciales que se pretendían con la norma".
Desde hace varios años, CEHAT se ha opuesto a este sistema, que obliga a los establecimientos y plataformas turísticas a recopilar, custodiar y transmitir datos de los viajeros a las autoridades competentes. La confederación considera que la ley incumple la normativa europea de libre circulación y protección de datos, y señala una falta de proporcionalidad y una vulneración del principio de minimización de datos.
La patronal explica que diversas asociaciones turísticas europeas, como HOTREC, ECTAA, EFCO y RuralTour, han enviado cartas a la Comisión Europea (CE) criticando que la recogida y transmisión de datos de viajeros en España no se exige en ningún otro país de la Unión Europea.
Además asegura que los informes jurídicos han señalado "la falta de proporcionalidad y la vulneración del principio de minimización de datos". "Esto, al mismo tiempo, ha generado problemas para turoperadores, agencias de viajes y pequeñas y medianas empresas, que se ven ante el dilema de si cumplir la legislación nacional o la europea", advierte.
Los hoteleros recuerdan que el Ministerio del Interior se comprometió a elaborar la orden ministerial antes de la entrada en vigor del Real Decreto en noviembre de 2024; posteriormente hizo un compromiso público y firme de elaborarla en enero de 2025, "compromiso que no se ha cumplido".
Por todo ello, CEHAT subraya que estos "reiterados incumplimientos por parte del Ministerio demuestran, una vez más, la inoportunidad y el error de imponer obligaciones de esta naturaleza a la principal industria del país".
"Es necesaria, con toda urgencia, la recuperación del sentido común plasmado en una norma sencilla, proporcionada, ajustada a derecho y que permita cumplir los objetivos de mantenimiento e incremento de la seguridad en España", concluyen.
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