La presidente de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado este miércoles que está preparando un proyecto de ley para "defender la soberanía nacional", después de que en los últimos días haya apuntado a la salida de su país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras la postura de sus organismos respecto de la promulgación de la ley de amnistía.
"Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía, y es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes. No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a la voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas", ha declarado, según recoge un comunicado de la Presidencia peruana.
Durante la ceremonia por el día de la Defensa Nacional en el Palacio de Gobierno, ha remarcado que defender la soberanía "no es un acto aislado, sino la garantía de la libertad, la democracia y el porvenir de las próximas generaciones". También ha resaltado que las Fuerzas Armadas y la Policía "encaran la defensa" del territorio del país andino "con profundo sentido del deber y el amor a la patria".
"En nombre del pueblo peruano, expreso mi más profunda gratitud a los hombres y mujeres que, en uniforme militar o policial, consagran su vida por el Perú", ha subrayado la jefa de Estado, que ha asegurado que su gabinete hará "siempre todo lo necesario" para defenderlos tanto en el país como en las instancias internacionales.
Boluarte ya rechazó "cualquier intromisión externa" cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que no se aplicara la ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo del conflicto armado interino (1980-2000).
El Congreso aprobó el proyecto de ley a principios de julio y, tras ello, la Corte IDH ordenó a Perú que se abstuviera de implementarlo hasta que analizara la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de abusos cometidos durante el conflicto armado.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 fueron dadas por desaparecidas. Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en alrededor de 150 casos y más de 600 siguen pendientes.
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