Un tribunal federal ha suspendido de manera provisional las sanciones promulgadas en febrero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), el británico Karim Khan, a quien acusó de usar a la corte como un instrumento contra los responsables israelíes, con el primer ministro Benjamin Netanyahu a la cabeza, implicados en la guerra de Gaza.
Khan acabó sancionado en represalia por la orden de detención emitida por el organismo contra el primer ministro israelí y contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por el uso del hambre como método de guerra, así como de otros crímenes como asesinatos, actos inhumanos y persecución en Gaza, que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad. Cabe recordar que, por petición del fiscal, el TPI también emitió órdenes de detención contra tres líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
La Casa Blanca usó como argumento adicional el hecho de que las órdenes de arresto representaban una "amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos e Israel, un motivo que no ha convencido a la jueza encargada del caso, Nancy Torresen.
La magistrada del tribunal del estado de Maine ha admitido así la petición formulada por la ONG Fortify Rights, especializada en el derecho Humanitario, cuyo fundador y demandante principal, Matthew Smith, esgrimió el mes pasado en una columna de opinión publicada en el 'New York Times' que las sanciones contra Khan representan no solo un ataque a la libertad de expresión, sino al trabajo de su organización con el tribunal, concretamente en lo que se refiere a la investigación de los crímenes de guerra cometidos por el Ejército birmano contra la minoría rohingya.
La segunda demandante es la abogada Akila Radhakrishnan, presidenta de la ONG Global Justice Center, quien se ha incorporado a la petición por el mismo motivo, pero esta vez en relación a la investigación de la corte internacional sobre la violencia sexual ejercida por el movimiento integrista afgano talibán contra las mujeres del país.
En los dos casos, los demandantes lamentan que las sanciones contra Khan han paralizado su trabajo porque desde febrero y según la orden ejecutiva de Trump, los ciudadanos estadounidenses que presten servicios en beneficio de Khan podrían enfrentar sanciones civiles y penales, lo que les ha llevado a suspender sus vínculos con la corte.
En respuesta, el dictamen de la magistrada, publicado en la página web de la Judicatura de Estados Unidos, considera que "la orden ejecutiva parece restringir la libertad de expresión considerablemente más de lo necesario para lograr ese fin".
"La orden ejecutiva prohíbe ampliamente cualquier servicio basado en la libertad de expresión que beneficie al fiscal, independientemente de si esos servicios beneficiosos se relacionan con una investigación del TPI sobre Estados Unidos, Israel u otro aliado de Estados Unidos", añade.
La magistrada entiende además que el Gobierno de EEUU no ha sido capaz de explicar "por qué la continuidad de los servicios de los demandantes al fiscal en relación con las atrocidades cometidas en Bangladesh, Birmania o Afganistán podría perjudicar la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos e Israel".
Ni Estados Unidos ni Israel se han pronunciado de momento sobre esta orden.
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