
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, llevará "muy próximamente" al Consejo de Ministros, en segunda vuelta, la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, que incluye "la prohibición de utilizar prácticas lesivas o discriminatorias en caso de discapacidad".
"Los algoritmos también pueden saber si tenemos una discapacidad física, por ejemplo, que nos dificulte encontrar otra alternativa de transporte", ha afirmado este jueves el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.
En este sentido, Pablo Bustinduy ha asegurado que hay "una batalla política" a nivel internacional sobre el gobierno de los algoritmos. "¿Quién decide estas cuestiones? ¿Un puñado de grandes multinacionales? ¿Es el señor Elon Musk (SpaceX, Tesla o X) y el señor Zuckerberg (Meta)? O los gobiernos democráticos tienen capacidad para decir 'no, mire, esto no es la ley de la selva. El comercio digital se tiene que regir por las mismas leyes por las que se rige el comercio físico en el barrio'", ha subrayado.
Además, el ministro ha insistido en que Twitter (ahora X) "estaba llamada a ser la plaza pública global" y llega "el hombre más rico del mundo, se lo compra, lo privatiza cambia el algoritmo, lo pone abiertamente al servicio de proyectos políticos autoritarios cuando no fascistas". "¿Y tenemos que aceptar esto? ¿Por qué? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque tiene más dinero que nadie?", ha planteado.
En este contexto, ha dicho que "una condición esencial de la democracia es la redistribución de la riqueza y el control democrático de los espacios públicos y de las actividades económicas también". "En eso está, en la escala de sus modestas capacidades, el Ministerio del Consumo", ha subrayado.
El ministro de Derechos Sociales también ha puesto en valor que, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará el próximo martes al Consejo de Ministros la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y la retribución de 4 de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que cumpla los 8 años, "para siete millones de progenitores en España".
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