Unos 8,5 millones de personas en España, un 18% de la población, sufren exclusión residencial, un término que incluye no solo a las personas sin hogar --que son cerca de 30.000-- sino también a todas aquellas que viven en hogares inadecuados o inseguros, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos elaborado con la aportación de la SOCIMI social tuTECHÔ.
Por un lado, los autores del informe señalan que el sinhogarismo afecta a 28.552 personas en España, según la Encuesta de Personas sin Hogar del INE de 2022. Si bien, organizaciones como la Fundación Hogar Sí o Cáritas Española elevan la cifra a en torno a las 37.000 y las 42.300 personas.
Por otro lado, advierten de que si se suman las "formas ocultas" de este fenómeno, la exclusión residencial podría afectar a un 18% de la población española: 3,7 millones de personas en España que viven en una vivienda insegura, sin gozar del régimen de tenencia o bajo la amenaza de desalojo; y unos 4,8 millones que viven en un hogar inadecuado, ya sea por problemas de habitabilidad, chabolismo o hacinamiento masivo.
En cuanto al perfil, el estudio señala que el sinhogarismo es un fenómeno mayoritariamente masculinizado --los hombres representan en torno al 76,7%--. Si bien, añade que en los últimos años ha crecido la proporción de mujeres en esta situación, que han pasado del 19,7% en 2012 al 23,3% en 2022.
Si bien, el documento precisa que las mujeres suelen permanecer menos visibles en la calle, debido a los mayores riesgos a los que se enfrentan. En este sentido, apunta que un 21% de ellas han sufrido ataques físicos o sexuales por lo que muchas optan por soluciones precarias antes que dormir al raso, como "viviendas inseguras, infraviviendas o entornos abusivos".
Además, según el informe, un 21% de las personas sin hogar tienen entre 18 y 29 años, y un 30% entre 30 y 44. Además, avisa de que aunque no es habitual encontrar niños durmiendo en las calles, muchos se ven afectados también por esas formas de "sinhogarismo oculto", como la ocupación ilegal, las infraviviendas o el hacinamiento.
Por nacionalidad, el análisis refleja que aproximadamente la mitad de las personas sin hogar en España, un 49,9%, son de origen extranjero, un porcentaje que podría alcanzar hasta el 83% en el caso de los menores de 30 años. Por continentes, proceden de África (53%), América Latina (26%) y Europa del este o UE (17%).
Asimismo, señala que muchos de los inmigrantes sin hogar se encuentran en una situación administrativa irregular o precaria, y que muchas mujeres sin papeles acaban trabajando como internas en el servicio doméstico, "en condiciones de explotación severas".
Igualmente, el informe muestra que el 88,7% de quienes viven en la calle están solteros y no conviven con sus hijos, en el caso de tenerlos. También apunta que hay muchas familias en esta situación, si bien puntualiza que no suelen ser usuarios de los centros y programas dirigidos a paliar este problema y que, en estos casos, este fenómeno suele darse en el ámbito de viviendas inseguras o inadecuadas, según la clasificación ETHOS.
FAMILIAS ENTERAS VIVIENDO HACINADAS
En concreto, los autores del estudio indican, citando datos de FOESSA de 2018, que decenas de miles de familias en España vivían en régimen de tenencia insegura o en condiciones indignas. Así, apuntan que aunque el modelo familiar tradicional casi no existe en la calle, "si se tiene en cuenta la exclusión residencial severa, sí que hay familias enteras viviendo en precariedad habitacional, optando por situaciones de hacinamiento en casas de conocidos, por ocupaciones patera o por vivir en locales no habilitados, antes que verse a la intemperie".
En este contexto, el informe propone el alquiler residencial como una "palanca flexible y eficaz" para garantizar el acceso a una vivienda. "El alquiler, con todas las garantías de habitabilidad y salubridad, puede erigirse en un trampolín para salir de la precariedad residencial y promover la inclusión de los grupos más vulnerables de la sociedad", subraya.
Si bien, advierte de que "el escaso parque inmobiliario de titularidad pública dificulta la puesta en marcha de medidas útiles que puedan suponer una solución a largo plazo". Según señala citando datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la vivienda social representa en torno al 3,3% del parque inmobiliario, por debajo de la media europea, que ronda el 8%.
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