Trípoli, 2 jun (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) urgió este lunes al Gobierno libio a aplicar una "reforma integral" de su sistema judicial que calificó de "fragmentado y profundamente polarizado" con el objetivo de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En un informe de 39 páginas, titulado "Injusticia por diseño: Necesidad de una reforma judicial integral en Libia", HRW denuncia "condiciones inseguras para el personal judicial", "juicios militares abusivos de civiles" y "condiciones inhumanas en las cárceles".
La organización documenta los casos que según la ONG reflejan una legislación "obsoleta" que requiere una reforma "urgente" y pidió a las autoridades libias que colaboren con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI).
La Fiscalía de la CPI investiga los presuntos crímenes cometidos desde 2011, cuando Muamar Gadafi fue derrocado y, a mediados de mayo, el Gobierno libio presentó una declaración a la CPI aceptando la jurisdicción de la Corte para investigar dichos crímenes que implican a Saif al Islam Gadafi, hijo del exdictador, y Osama Najeem, perseguido por la corte.
El poder judicial libio "no está dispuesto ni es capaz" de realizar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos que incluyen "disposiciones represivas y abusivas" que se remontan a la era del expresidente libio, Muamar Gadafi, derrocado en 2011.
"Al no abordar las necesidades de reforma judicial de larga data, las autoridades libias están dando la espalda a la Justicia y permitiendo que prevalezca la impunidad", declaró Hanan Salah, directora asociada para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch.
La ONG denunció que los profesionales de Derecho en Libia no gozan de "una protección física adecuada" por parte del Estado, y afirmó que "los ataques, la intimidación y el acoso" contra ellos son comunes en un contexto de división política.
La ONG puso el foco sobre la división que marca el sistema político libio, ya que el país se encuentra dividido en dos gobiernos rivales que compiten sobre el control del territorio y de los recursos lo que muchas veces genera una creciente represión y enfrentamientos armados.
El Gobierno de Unidad Nacional (GNU), con sede en Trípoli, controla la mayor parte del oeste de Libia, mientras que las Fuerzas Armadas Libias, sus aparatos de seguridad afiliados y una entidad administrativa controlan el este y el sur del país.
A principios de mayo, estallaron enfrentamientos armados entre milicias rivales que sacudieron la capital libia dejando varios muertos y heridos, ante ello, HRW afirmó que estos abusos y violaciones han sido abordados con "una falta de mecanismos judiciales adecuados" por lo tanto,"deberían ser una llamada de atención para una reforma urgente".
HRW prestó en su informe atención a las condiciones de los detenidos en centros de detención controlados por milicias, que según la ONG, se caracterizan por "condiciones inhumanas para migrantes, solicitantes de asilo y ciudadanos libios por igual".
La ONG afirmó que la tortura, los malos tratos y las condiciones inhumanas en los centros de detención "están bien documentadas", y que los grupos armados que controlan los centros de detención "no siempre ejecutan las órdenes de liberación" ni "atienden las citaciones judiciales de los detenidos". EFE
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