El Supremo comenzará a interrogar a Bolsonaro y otros acusados por golpismo el 9 de junio

Brasilia, 2 jun (EFE).- La Corte Suprema de Brasil anunció este lunes que a partir del próximo 9 de junio comenzará a interrogar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros acusados de una conspiración golpista contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La fecha fue fijada por la Primera Sala del Supremo después de que este mismo lunes declaró el último de los testigos convocados por los abogados de acusación y defensa.

Fue el senador Rogério Marinho, quien durante el tramo final de la gestión de Bolsonaro (2019-2022) se desempeñó como ministro de Desarrollo Regional y fue citado por la defensa.

Marinho dijo que, después de las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula derrotó al líder de la ultraderecha, tuvo solo una reunión con Bolsonaro, en la que participaron otros ministros, y que "en ningún momento" se habló de una conspiración.

"Lo vi preocupado, con rabia por una derrota que no esperaba", pero designó a los ministros que dirigirían la transición del poder al nuevo Gobierno, declaró el senador, en la misma línea que otros exministros que han testimoniado ante los jueces.

Concluida esta fase, también serán consultadas la Fiscalía y las defensas de los acusados, a fin de saber si consideran que son necesarias otras diligencias para buscar nuevas pruebas, confirmar lo declarado por los testigos o incluso solicitar careos.

Aún así, el magistrado Alexandre de Moraes, en su condición de relator del proceso, decidió que los interrogatorios a Bolsonaro y a los otros siete acusados juzgados en esta fase comenzarán a partir del 9 de junio próximo.

Fuentes del tribunal han dicho que la intención es que el juicio concluya este mismo año y que las sentencias pudieran ser dictadas entre octubre y noviembre.

Las acusaciones son por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, que en conjunto pueden suponer condenas de hasta 40 años de cárcel.

Desde el pasado 19 de mayo, declaró un total de 52 testigos, propuestos tanto por la acusación como por los abogados defensores.

Según la acusación, la conspiración comenzó tras los comicios de octubre de 2022 y tenía como fin impedir la investidura de Lula.

Esos planes habrían desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, cuando el líder progresista tenía una semana en el cargo y miles de bolsonaristas asaltaron el corazón del poder en Brasilia a fin de incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al nuevo Gobierno.

Los testimonios que más podrían comprometer a Bolsonaro fueron dados por dos antiguos jefes militares, que confirmaron haber sido convocados por el entonces presidente en diciembre de 2022, a fin de discutir alternativas para impedir la toma de posesión de Lula.

Uno fue el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, quien dijo ante los jueces que Bolsonaro consultó a los jefes de las Fuerzas Armadas sobre la posible implantación de un estado de sitio y una "intervención" en la Justicia electoral.

Freire Gomes aclaró que se opuso y le advirtió a Bolsonaro de que debía "evaluar todas las consecuencias", pues si avanzaba por ese camino sería "encuadrado jurídicamente".

Esa reunión fue confirmada por el exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, quien refrendó lo dicho por Freire Gomes y afirmó que las propuestas de Bolsonaro "atentaban contra el régimen democrático".

Ambos coincidieron también en otro punto y declararon que el entonces comandante de la Marina, almirante Almir Garnier, otro de los imputados en este proceso, fue el único jefe militar que no se opuso claramente a esos planes golpistas. EFE

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