Bogotá, 30 may (EFE).- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió este jueves una investigación contra 10 funcionarios del instituto de Medicina Legal por el presunto acceso irregular al expediente de la muerte en 2023 del teniente coronel de la Policía colombiana Óscar Dávila.
La Comisión investigará a seis hombres y cuatro mujeres que trabajan como profesionales forenses especializados, técnicos forenses y auxiliares forenses, quienes al parecer accedieron al expediente de la muerte del coronel Dávila, asignado en esa época a la seguridad presidencial y relacionado con el escándalo de las interceptaciones ilegales en el Gobierno.
El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez, explicó que "la información se hace pública en relación a la gravedad de los hechos que se están investigando y, por supuesto, para esclarecer si con ocasión a ese presunto acceso indebido se pudieron cometer faltas disciplinarias".
En junio de 2023, unas semanas después de la muerte de Dávila, la Fiscalía confirmó que la causa del deceso del oficial fue suicidio.
"La conclusión para la Fiscalía General de la Nación es que el teniente coronel Óscar Dávila, de 42 años de edad y 24 años de servicio, decide quitarse la vida y (lo hizo) con el arma que era de su conductor", afirmó la entonces vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, el 21 de junio de 2023.
Dávila, que formaba parte del círculo de seguridad del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue hallado muerto el 9 de junio de 2023 dentro de su vehículo en una calle de Bogotá con un disparo en la sien, por lo que desde un principio las autoridades lo trataron como un suicidio, aunque se formó revuelo en el país por la posibilidad de que la causa de muerte fuera otra.
El nombre de Dávila apareció en el escándalo por supuesto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales a una niñera acusada de robo en la casa de la exjefa de Gabinete presidencial Laura Sarabia, que hoy es la canciller.
Todo comenzó con la denuncia de la exniñera Marelbys Meza de que tras ser acusada del hurto de un maletín con una suma no especificada de dinero, la hicieron ir hasta una dependencia presidencial donde fue interrogada y sometida a pruebas de polígrafo sin una orden judicial.
Al mismo tiempo, la Policía interceptó ilegalmente su teléfono, usando como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo.
El teniente coronel Dávila figuraba entre los oficiales vinculados a la investigación de la Fiscalía.
El escándalo detonó una de las peores crisis del Gobierno de Petro y obligó a la renuncia de Sarabia y del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, que hoy es ministro del Interior y fue quien supuestamente filtró a la prensa lo sucedido. EFE
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