El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que, a pesar de que el pasado 27 de mayo expiró la licencia operativa para la producción de petróleo en Venezuela, se sigue, a día de hoy, "manteniendo un diálogo franco, abierto y sincero" con la Administración del Gobierno de Estados Unidos para continuar operando en el país.
En respuesta a preguntas de los accionistas en la junta general, Imaz señaló que, a día de hoy, las operaciones del grupo siguen en el país, tanto en producción de gas como de petróleo, aunque destacó que Repsol tiene "un diferencial fundamental", y es que el 85% de su posición en Venezuela es producción de gas que, además, sostiene el sistema eléctrico venezolano.
"A día de hoy, tenemos un marco de respeto, por supuesto, a la legalidad venezolana y también un marco de respeto a toda la legalidad internacional, incluida la de los Estados Unidos. Y lo que esperamos es, no solamente continuar en el país, sino buscar los mecanismos para seguir generando valor con el respeto a todos los marcos legales", dijo.
A finales del pasado mes de marzo, la Administración de Donald Trump decidió la revocación de los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida Repsol, para exportar crudo desde Venezuela, con el plazo para el fin de sus operaciones este 27 de mayo. Entre las empresas afectadas, además de la española, figuraba Chevron, la francesa Maurel et Prom, o la italiana Eni.
Repsol está presente en Venezuela a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV, etc.) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y otras).
En concreto, la exposición patrimonial total del grupo en Venezuela a 31 de diciembre de 2024 ascendía a 504 millones de euros, cifra que prácticamente duplicaba los 259 millones de euros del año anterior y que incluía, fundamentalmente, la financiación otorgada a Petroquiriquire, la inversión en Cardón IV y en Petroquiriquire y las cuentas a cobrar con PDVSA, según constaba en su informe anual del pasado ejercicio.
CONFÍA EN QUE SERÁN DESESTIMADAS LAS DEMANDAS POR PERÚ
Por otra parte, respecto a las demandas que tiene el grupo por el derrame de petróleo en 2022 en Perú, entre ellas una admitida por el Tribunal de La Haya, Imaz se mostró confiado en la Justicia y convencido de que todas ellas "serán finalmente desestimadas".
El directivo defendió que "desde el primer momento" del incidente la compañía tomó "la plena responsabilidad, no la legal, que posiblemente no la teníamos, sino la plena responsabilidad de la limpieza de las operaciones con los mejores estándares internacionales", añadió.
Asimismo, subrayó que se adoptó un proceso de compensación para todas las personas identificadas con el Gobierno de Perú, con un registro único de personas afectadas y que, en estos momentos, "el 99% del total de personas identificadas en este registro han recibido ya sus acuerdos de compensación total".
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