
La Casa Blanca ha afirmado este jueves que el fallo del Tribunal de Comercio Internacional (CIT) de Estados Unidos que ordena suspender la mayor parte de los aranceles globales del presidente, Donald Trump, al considerar que se extralimitó en sus funciones, "es flagrantemente erróneo" y ha expresado su confianza en que esta decisión será revocada en el proceso de apelación.
Asimismo, la Administración Trump ha informado de que podría llegar a solicitar este viernes la suspensión inmediata de la ejecución de este fallo al Tribunal Supremo de Estados Unidos, según recoge la documentación en presentada hoy ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos.
"En ausencia de una medida cautelar de este Tribunal (CIT), Estados Unidos planea solicitar mañana una medida cautelar ante la Corte Suprema para evitar los daños irreparables a la seguridad nacional y la economía que están en juego", señala el documento consultado por Europa Press.
En este sentido, el Gobierno estadounidense considera sin precedentes y legalmente indefendible la orden del CIT que prohíbe a Estados Unidos implementar aranceles que califica como "fundamentales para la política exterior y la agenda económica del presidente".
De tal modo, afirma que dicho tribunal debería suspender de inmediato esa sentencia, que "desarma unilateralmente" a Estados Unidos ante las prácticas comerciales predatorias de otros países y amenaza con desbaratar meses de decisiones en política exterior y delicadas negociaciones diplomáticas, a expensas del bienestar económico y la seguridad nacional de la nación.
"Son los poderes políticos, no los tribunales, quienes definen la política exterior y la política económica; sin embargo, la orden judicial introduce al CIT en el centro de la política exterior de nuestra nación e impide al presidente utilizar una herramienta crucial que el Congreso le autorizó a utilizar, en medio de negociaciones urgentes con múltiples países extranjeros sobre futuros acuerdos comerciales", expone.
En su fallo de ayer, el Tribunal de Comercio Internacional estadounidense mandó paralizar los aranceles del 30% sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25% sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%.
"Todo el sistema de aranceles del Día de la Liberación y otros aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) es ilegal y está prohibido por una orden judicial permanente", recogía el escrito, que también lo considera "inconstitucional" al eludir su paso por el Congreso.
La corte ha tomado esta decisión alegando que "no interpreta que la IEEPA --de la que se ha valido Trump para justificar su política arancelaria-- confiera tal autoridad ilimitada y deja sin efecto las tarifas impugnadas impuestas en virtud de ella".
Esto explica que la suspensión no afecte a las tasas del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, al estar sujetos a la Ley de Expansión Comercial.
El tribunal ha fallado a favor de una medida cautelar permanente, lo que podría congelar los aranceles globales, antes incluso de que Washington llegue a algún acuerdo con países afectados, estableciendo un plazo de diez días naturales para que las órdenes administrativas "hagan efectiva la medida cautelar permanente".
El fallo del CIT fue escrito por un panel de tres jueces de este tribunal --designados por los expresidentes Ronald Reagan, Barack Obama y el actual inquilino de la Casa Blanca en su primer mandato-- en respuesta a una demanda del centro independiente Liberty Justice Center en representación de cinco empresas que alegaban haber sido gravemente perjudicadas por los aranceles del mandatario republicano.
En una publicación en su cuenta de X, el subjefe de Gabinete de Política y Asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, afirmaba este jueves que "vivimos bajo una tiranía judicial".
De su lado, el vicesecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, aseguraba a través de la misma red social que los déficits comerciales causados por el trato no recíproco de países extranjeros hacia Estados Unidos "han creado una emergencia nacional". "No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional", añadía.
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