El Gobierno de Sudán ha negado "categóricamente" este viernes las acusaciones de Estados Unidos sobre la utilización de armas químicas en el marco de la guerra que libra el Ejército con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde abril de 2023, y ha condenado que Washington decida imponer sanciones "basándose en estas falsas acusaciones".
"Sudán no aceptará medidas unilaterales a este respecto que violen la Convención sobre Armas Químicas, especialmente por parte de quienes tienen antecedentes de utilizar acusaciones falsas para amenazar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores de Sudán publicado en su perfil de la red social X.
De hecho, ha expresado su "asombro por el enfoque adoptado" por la Administración estadounidense "en este asunto, ya que comenzó con filtraciones anónimas a la prensa hace meses, pero evitó por completo presentar las denuncias a través del mecanismo internacional autorizado y competente: la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de La Haya".
La cartera ministerial ha hecho hincapié en que la Convención sobre Armas Químicas, de la que ambos países son signatarios, regula específicamente los procedimientos para abordar tales denuncias y preocupaciones, si bien Estados Unidos "no ha tomado la medida necesaria en este caso, que era notificar a la organización".
Con todo, las autoridades sudanesas han insistido en que han "seguido cumpliendo con sus obligaciones en virtud de la convención", prometiendo que no producen, almacenan ni utilizan armas químicas.
Horas antes, el portavoz del Gobierno y ministro de Cultura e Información, Jaled al Aiser, fue el primero en reaccionar, señalando que estas acusaciones por parte de Washington son "infundadas" y representan un "chantaje político" contra Sudán, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias SUNA.
"Esta falsa narrativa que la Administración estadounidense intenta promover a nivel internacional no es más que un nuevo intento de engañar a la opinión pública y proporcionar cobertura política a partes que han perdido su legitimidad y están implicadas en la comisión de crímenes contra el pueblo sudanés", ha dicho.
Además, el portavoz del Ejército sudanés, Nabil Abdulá, ha asegurado que las acusaciones de Estados Unidos son "peligrosas y engañosas" y ha sostenido que las Fuerzas Armadas "están librando una guerra legítima utilizando métodos limpios, sin usar armas prohibidas".
La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, informó en la víspera de que la Administración Trump impondrá sanciones a Sudán después de que el pasado 24 de abril concluyese "que el Gobierno de Sudán utilizó armas químicas en 2024".
Por ello, instó al Gobierno de Sudán a cesar "todo uso de armas químicas y cumpla sus obligaciones" en virtud de la Convención sobre Armas Químicas e indicó que "sigue plenamente comprometida a hacer rendir cuentas a los responsables de contribuir a su proliferación".
La guerra entre el Ejército y las RSF estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como terrorista-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento definitivo de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir en un golpe de Estado militar.
Dicho proceso de transición sufrió un grave varapalo en octubre de 2021, cuando el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, dio una nueva asonada --respaldada por Dagalo, entonces su aliado-- en el que fue derrocado el primer ministro, Abdalá Hamdok. Los intentos de reconducir la situación e integrar a las RSF en el Ejército terminaron por desatar un conflicto a gran escala que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria.
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