Santiago de Chile, 22 may (EFE).- La Fiscalía de Chile abrió este jueves una investigación contra los 25.000 funcionarios públicos que entre 2023 y 2024 viajaron al extranjero pese a tener una incapacidad médica, una escándalo que está generando un intenso debate en el país.
El escándalo estalló el martes, cuando la Contraloría General de la República (organismo fiscalizador de las instituciones públicas) denunció que un total de 25.078 funcionarios públicos se tomaron 35.585 licencias médicas entre 2023 y 2024, lo que corresponde a más de una incapacidad por funcionario.
Entre los datos que han trascendido destaca que los organismos públicos donde más incapacidades se entregaron están relacionados con la primera infancia: la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280 licencias, y la Fundación Integra, la red más grande de guarderías y escuelas infantiles del país, con 1.934.
Además, los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, coincidiendo con la llegada de la primavera y el verano austral.
El Ministerio Público investigará a los funcionarios por un posible delito de fraude al fisco y a los médicos por la eventual emisión de permisos médicos falsos.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció el miércoles la creación de un Comité Nacional de Ausentismo para enfrentar el uso indebido de las licencias en la administración pública, iniciar sumarios y exigir el reintegro. Además, el Ejecutivo aseguró que llevará todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
La noticia provocó el reproche transversal de los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, que exigieron sanciones y sumarios exhaustivos para esclarecer las irregularidades.
Una de las primeras en reaccionar cuando se conoció el escándalo fue la candidata presidencial de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, quien aseguró que "esto es un fraude" que "puede ser calificado como un delito de fraude al fisco".
El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), envió este jueves una carta al presidente del país, Gabriel Boric, para exigir la renuncia de los 25.000 funcionarios que salieron del país aprovechando su incapacidad médica.
"Este escándalo, calificado con razón como un verdadero fraude masivo al Estado –denunciaron en la misiva– no puede quedar sin una señal clara de consecuencia y autoridad".
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