Madrid, 21 may (EFE).- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumió este miércoles el "error", "desajuste" o "defecto" que supuso adjudicar a una empresa israelí un contrato de munición para la Guardia Civil, acuerdo que está en un proceso de rescisión que no será "tan gravoso" como en principio se pensaba.
"Sí, hubo un defecto o un error y lo asumo", dijo el ministro ante el pleno del Congreso después de escuchar las críticas de la mayoría de partidos sobre este contrato, con el que, en una primera intervención, ya apuntó que se habían producido "desajustes o errores puntuales" que habían generado "un problema".
Marlaska revindicó que se ha dado una solución que ha permitido que ese contrato esté "en proceso de rescisión" de la forma más favorable posible, y apuntó que hay "vías jurídicas que permiten que no vaya a resultar tan gravoso para las arcas públicas como se podía pensar".
La oposición, encabezada por el conservador Partido Popular, reprochó el "despilfarro" que supone la rescisión del contrato y preguntó al ministro qué va a hacer para no perder ese dinero, indicando que los costes del fin del acuerdo deberían pagarlo "el presidente del Gobierno y todos los ministros".
Desde el partido de izquierda Sumar, socio minoritario en el gobierno de coalición, se instó a que se anulen o dejen sin efecto hasta el último contrato con Israel que continúa en ejecución, y que se adopten medidas para que el armamento israelí con destino a EE. UU. no "toque" ningún puerto español,
El martes por la noche, el Congreso español aprobó el inicio de la tramitación de una ley que permitiría el embargo del comercio de armas a países que cometan genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como Israel, con el apoyo de todos los grupos a excepción del Partido Popular –principal partido de la oposición al presidente Pedro Sánchez– y el ultraderechista Vox. EFE
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