Tucson (AZ), 13 may (EFE).- La gobernadora de Arizona, la democrata Katie Hobbs, vetó este martes una iniciativa de ley que pretendía obligar a los hospitales a cuestionar el estatus migratorio de pacientes que solicitaran cuidados de emergencia.
La medida, impulsada por legisladores republicanos, exigía que todos los hospitales que reciben dinero del programa federal de salud pública, conocido como Medicaid, cuestionaran el estatus migratorio de sus pacientes.
En una carta explicando su decisión, Hobbs indicó que “generalmente los inmigrantes indocumentados no califican para el programa federal de Medicaid”.
La medida fue duramente criticada por activistas proinmigrantes, negocios y los mismos hospitales.
Impulsores de la propuesta aseguraron que esta solo solicitaba a los hospitales cuestionar el estatus migratorio de los pacientes para tener un “récord oficial” de cuánto dinero le cuesta al estado de Arizona el cuidado médico de los inmigrantes indocumentados.
La información recolectada no iba a ser compartida con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según los promotores del proyecto de ley.
El veto llega al mismo tiempo que en la ciudad de Tucson en el sur de Arizona activistas han denunciado el caso de un hombre de origen mexicano identificado solo como “Francisco” que fue arrestado por agentes de ICE después que fue a recoger a su hermano que se encontraba en la sala de emergencia el pasado 12 de mayo.
Esto después que aparentemente uno de los empleados del Hospital San José, los denunciara tras cuestionar su estatus migratorio.
El veto de la gobernadora demócrata es solo uno de varios en contra de medidas impulsadas durante la presente sesión legislativa que busca implementar en el estado la misma agenda en contra de la migración irregular de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Entre ellas una medida que buscaba obligar a las agencias estatales del orden y policías locales a cooperar con ICE durante la detención de personas.
Así como otra iniciativa que obligaba a los funcionarios de ciertas agencias de Arizona y sus contratistas a verificar el estatus migratorio de solicitantes de ayuda pública.
Legisladores estatales republicanos han amenazado con llevar a las urnas en el 2026 la medida que obligaría a los departamentos de policía de este estado a notificar a ICE del arresto de una persona y mantenerla detenida hasta por 48 horas extras mientras se verifica su estatus migratorio. EFE
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