Lima, 12 may (EFE).- La Junta de Fiscales Supremos de Perú afirmó este lunes que el Poder Ejecutivo perjudica la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada al promulgar una reciente ley que modifica la extinción de dominio (expropiación legal), que permitía intervenir los bienes o dinero obtenidos ilícitamente en casos de lavado de activos y corrupción de funcionarios, entre otros.
La fiscal general, Delia Espinoza, acompañada por otros tres fiscales supremos, expresó el rotundo rechazo de la junta a la reciente promulgación, por el Poder Ejecutivo, de la ley 32326, que modifica la ley de extinción de dominio y que, en su opinión, afecta "gravemente" los avances obtenidos hasta el momento.
Con la promulgación hecha el pasado viernes, la intervención de los bienes adquiridos ilícitamente por los procesados por corrupción, lavado de activos, crimen organizado o delitos contra el medioambiente, sólo se podrá realizar con una sentencia "firme y consentida", lo cual toma muchos años, indicó Espinoza en un mensaje compartido en las redes sociales del Ministerio Público.
"Lamentablemente, se ha llegado a establecer con esta nueva ley que la acción de prescripción de dominio prescribirá en 5 años, cuando antes era indefinido y aseguraba que patrimonios ilícitos no sigan en manos de personas al margen de la ley", apuntó.
Espinoza añadió que la ley ha sido promulgada por el Gobierno "sin respetar los compromisos internacionales asumidos por Perú", ni tampoco haber realizado ninguna observación, a pesar de los sustentos, opiniones y recomendaciones técnicas del Ministerio Público y otras instituciones que expresaron su "preocupación".
Afirmó que "de los 5.753 casos de extinción de dominio, se afectarán negativamente 2.374 casos", en los cuales los procesados y testaferros "seguirán disfrutando impunemente de sus bienes, ganancias, y dinero obtenido de sus actividades ilícitas".
Esta situación sitúa a Perú, a nivel mundial, "como un país en franco y claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, anulando la reputación, la buena imagen, el reconocimiento internacional que durante años habíamos logrado", señaló.
La fiscal general lamentó, además, que el Poder Ejecutivo no haya considerado "el contexto de elevada violencia e inseguridad" que atraviesa el país y que perjudica, una vez más, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.
Por este motivo, la Junta de Fiscales invocó al Congreso y al Poder Ejecutivo a "recapacitar" sobre esta nueva ley para evitar el retroceso en la lucha contra la corrupción, lavado de activos, el crimen organizado, y delitos medioambientales.
La norma impulsada por el Parlamento fue promulgada el pasado viernes por la mandataria Dina Boluarte, a pesar de la opinión del Ministerio de Justicia, respecto a que podría beneficiar a las bandas del crimen organizado, dado que la ley era una herramienta legal "clave para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita" y poder destinarlos al servicio de la ciudadanía.EFE
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