El presidente de Filipinas vota en unos comicios que sirven de referéndum sobre su gestión al frente del país

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha participado este lunes en unas elecciones de mitad de mandato que sirven de referéndum sobre su gestión al frente del país asiático y que se han vuelto vitales para el futuro político de la vicepresidenta del país, Sara Duterte, que fue destituida el pasado mes de febrero por la Cámara de Representantes y cuya continuidad depende del Senado.

El mandatario ha votado poco después de que hayan abierto los colegios electorales en una escuela situada en el municipio de Batac, en la provincia de Ilocos Norte, donde comenzó su carrera política, tal y como ha informado la agencia de noticias estatal PNA.

Marcos ha acudido acompañado de su madre, la ex primera dama Imelda Marcos, y su hijo, el representante del primer distrito de la mencionada provincia ubicada en el norte de la isla de Luzón, Ferdinand Alexander Marcos, antes de dirigirse al Museo Marcos, dedicado al difunto expresidente filipino Ferdinand Emmanuel Marcos y Edralín (1965-1986).

Más de 68 millones de personas acudirán este lunes a las urnas en Filipinas para votar en unos comicios que, siguiendo el modelo de las 'midterm' estadounidenses, harán de plebiscito para el mandatario Marcos, acérrimo rival político del expresidente Rodrigo Duterte, con el que mantiene una disputa que se ha ido acrecentando a lo largo de los últimos años por motivos electoralistas.

Los filipinos tendrán que elegir la nueva composición de la Cámara de Representantes y a la mitad de los senadores que ocuparán los escaños en la Cámara Alta del Parlamento, quienes tendrán la última palabra sobre la salida de Sara Duterte. Además, escogerán a los representantes de todas las provincias y municipios del país.

Las dos grandes familias de la política filipina han protagonizado durante el último año un aumento de la tensión que parece haber llegado a su máximo exponente: el cerco en torno a Duterte sigue cerrándose a pesar de que insiste en ser objeto de una "persecución" que la ha llevado incluso a amenazar de muerte a Marcos y a varios miembros de su familia, así como a contratar a un supuesto sicario para "protegerse".

El detrimento de estas relaciones llevó de hecho a Duterte a dimitir como ministra de Educación a mediados de 2024 después de recibir un aluvión de críticas por su mala gestión al frente de la cartera.

Aunque los aliados del presidente han logrado frenar a la vicepresidenta en la Cámara Baja, el proceso de destitución en su contra podría toparse con serias dificultades en el Senado --donde la vicepresidenta será sometida a un 'juicio político' que es similar al 'impeachment' en Estados Unidos-- una vez finalicen los comicios.

LA DETENCIÓN DE DUTERTE Y SU ENTREGA AL TPI

Las diferencias políticas entre ambas familias parecen haberse vuelto insalvables después de que el expresidente Duterte fuera detenido y entregado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para enfrentarse a cargos de crímenes contra la humanidad por su responsabilidad en la conocida como 'guerra contra las drogas', una serie de operaciones puestas en marcha bajo su mandato para acabar con el consumo y el tráfico de drogas y que se saldó con unos 6.000 muertos, según cifras oficiales.

Duterte, que se presenta como candidato a la Alcaldía de Davao en un intento por recuperar su influencia política, se ha convertido en el primer expresidente de la historia de Asia en hacer frente a cargos presentados por el TPI. A pesar de haber sido acusado de crear, financiar y armar a los llamados "escuadrones de la muerte", encargados de sacar adelante su dura política contra los estupefacientes, su familia sigue contando con peso político: dos de sus hijos, Paolo y Sebastian Duerte, también se presentan como candidatos a las elecciones locales.

Sin embargo, el TPI considera que existen "bases razonables" para imputarlo por asesinato y crímenes contra la humanidad en calidad de "cómplice" durante la campaña, cuyas víctimas mortales podrían ascender en realidad a las 30.000, tal y como alertan organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. No obstante, cientos de personas han salido a la calle en La Haya y en varias zonas de Filipinas para mostrar su apoyo a Duterte y pedir que sea "enviado de vuelta" a su país.

Además, las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad filipinas para facilitar su entrega a la corte han suscitado la polémica, especialmente debido a que el país se retiró en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, durante la Administración del propio Duterte. A pesar de esto, Marcos ha defendido que Manila sí está obligada a cooperar con la Organización Internacional de Policía Criminal --conocida como Interpol-- una vez el TPI emite sus órdenes de arresto.

La propia Justicia filipina ha tenido incluso que rechazar las solicitudes para restringir la cooperación entre el Gobierno filipino y el TPI a pesar de que la familia Duterte sigue insistiendo en que se trata de un "secuestro" que se produce a raíz de la "clara persecución y opresión" del Gobierno de Marcos en su contra.

SEGURIDAD E INJERENCIA DE CHINA

La situación ha suscitado la preocupación de las autoridades, que han dispuesto un gran despliegue policial de cara a la votación del lunes para evitar incidentes y problemas en materia de seguridad, después de que tres agentes fueran asesinados en 2022 durante los comicios junto a un colegio electoral de la región de Mindanao.

Es por ello que se ha decidido desplegar a más de 160.000 efectivos de la Policía Nacional en todo el país para garantizar una votación tranquila en los colegios y centros de votación. Con esta medida, el Gobierno busca sofocar rápidamente cualquier conato de violencia y evitar un aumento de las tensiones a nivel interno a medida que Manila hace frente a grandes desafíos en política exterior.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Marcos ha tenido que defender los intereses nacionales del país mientras lidia con la nueva política estadounidense, a priori menos incondicional a la hora de prestar ayuda a Filipinas. Además, tendrá que hacer frente a las crecientes tensiones con China en zonas en disputa, especialmente en el mar de China Meridional.

La situación ha llevado a las autoridades filipinas a apuntar a una posible injerencia china en el proceso electoral, un extremo que ya ha sido rechazado por Pekín, que insiste en que su política se rige por "el principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países".

Sin embargo, desde el Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas apuntan a presuntas "operaciones de información" respaldadas por el Gobierno de China, que "busca manipular la opinión pública" e interferir para "moldear" los resultados. Para hacer llegar estas supuestas informaciones y "redirigir" a los votantes, China estaría haciendo uso, principalmente, de las redes sociales, tal y como insiste el Gobierno filipino.