
Miami, 5 may (EFE).- El hondureño Héctor David Sagastume Rivas, de 21 años, se declaró inocente este lunes de varios cargos relacionados con el asesinato de una mujer en el estado de Georgia en marzo pasado, en un caso que ha sido usado por la Casa Blanca para alimentar su retórica en contra de la política “fronteras abiertas” del expresidente Joe Biden.
Sagastume Rivas se declaró no culpable en la muerte de Camillia Williams, de 52 años, encontrada sin vida el pasado 14 de marzo entre unos arbustos cerca a su vivienda en el condado de Cobb (Georgia).
El inmigrante hondureño sobre el que pesaba una orden de deportación en ausencia fue detenido el pasado 18 de marzo y acusado de varios cargos, entre los que se encuentran homicidio, violación y necrofilia.
Según una orden de arresto obtenida por FOX 5, Rivas agredió físicamente a Williams, madre de cinco, aplicándole una llave de estrangulamiento que le provocó la pérdida del conocimiento. Una vez inconsciente, el hombre supuestamente le puso ambas rodillas y todo el peso de su cuerpo sobre el cuello, lo que le provocó la muerte.
Se espera que el juicio contra Sagastume Rivas se inicie el próximo 23 de junio.
La acusación contra el hondureño, que ingresó a Estados Unidos en 2021, ha sido usada por el Gobierno del presidente Donald Trump como parte de su retórica en contra de la política de “fronteras abiertas” promovida por la anterior administración.
"Este inmigrante ilegal nunca debió haber estado en nuestro país. El presidente Trump y yo priorizamos la seguridad de los estadounidenses", escribió en un mensaje en su cuenta de X la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, tras el arresto del hondureño.
Noem culpó al gobierno de Biden (2021-2025) de la muerte de la mujer, por liberar al inmigrante tras ser detenido en la frontera a su ingreso.
El asesinato de Williams se registró poco después de que se cumpliera un año del homicidio también en Georgia de la universitaria Laken Riley a manos del inmigrante venezolano José Ibarra, condenado a cadena perpetua.
El caso de Riley fue usado por el mandatario estadounidense en su campaña de reelección y una ley que lleva el nombre de la universitaria se convirtió en la primera firmada por Trump en enero pasado.
La ley exige el arresto y posible deportación de indocumentados que sean acusados de crimines menores como robo antes de que hayan sido condenados.
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