Naciones Unidas, 17 abr (EFE).- La representante especial de la ONU para Libia, la ghanesa Hanna S. Teeth, alertó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ascenso en el país de "discursos racistas y xenófobos que incitan a la violencia contra migrantes y refugiados" en la nación árabe.
En su primer informe ante el Consejo, la diplomática, nombrada para este cargo el pasado enero, dijo que la división de Libia entre dos gobiernos que oscilan entre la guerra abierta o una frágil tregua se traduce en que "los grupos armados perpetran violaciones a los derechos humanos impunemente", y lamentó que los inmigrantes estén entre las primeras víctimas.
Así, relató que los "discursos de odio" que han retratado a los emigrantes como una amenaza a la seguridad han derivado en "manifestaciones, arrestos en masa y un tiroteo mortal".
Pero además, varias organizaciones que prestan servicio a los inmigrantes han sido suspendidas y su personal interrogado, lo que ha obstaculizado un trabajo asistencial que es "de vida o muerte".
La representante insistió en que deben cesar los ataques contra migrantes, refugiados y trabajadores humanitarios, y que las agencias de la ONU están en conversación con el gobierno de Trípoli (el que reconoce Naciones Unidas) para permitirles seguir operando con normalidad.
Al drama de los inmigrantes se une el de la persecución a opositores políticos, de los que "centenares languidecen en detención ilegal" sin haber tenido derecho a un proceso justo, y ello pese a que tanto el gobierno del este y el del oeste han llevado a cabo recientes liberaciones masivas de presos de opinión.
Desde la caída del dictador Muamar el Gaafi en 2011, Libia está escindida en dos, con un gobierno en Trípoli y otro en Bengazi, que entran esporádicamente en combates.
El país se ha convertido en un coladero de armas y también en una ruta privilegiada de la inmigración ilegal, pero miles de los candidatos a llegar a Europa terminan varados en territorio libio, muchos de ellos detenidos irregularmente en centros ilegales gestionados por mafias con la connivencia o la pasividad de los dos gobiernos. EFE
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