Viuda de Villavicencio dice que fiscal general de Ecuador le presionó para culpar a Correa

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Guayaquil (Ecuador), 8 abr (EFE).- Verónica Sarauz, viuda del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, aseguró este martes que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, la "presionó" para que señale en sus redes sociales al expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) como el responsable del crimen de su esposo, algo que el Ministerio Público aseguró que "carece de fundamentos" y "es falso".

"Ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente", dijo Sarauz en un video publicado en su cuenta de la red social X, a cinco días de celebrarse la segunda vuelta de las nuevas presidenciales entre el actual mandatario, Daniel Noboa, y la candidata correísta, Luisa González.

Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin a pocos días de las elecciones extraordinarias de 2023, y pocas horas antes de la votación se filtró una declaración a la Fiscalía de un testigo protegido que aseguraba que detrás del asesinato de Villavicencio estaba el Gobierno de Correa.

En el video de este martes, Sarauz relató que cuando pudo tener acceso al testimonio completo quedó "horrorizada", pues lo que escuchó fue "una burda mentira, un falso positivo construido por la Fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables".

"Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador", señaló.

La viuda de Villavicencio también aseguró que existe un "acto de encubrimiento" entre Salazar y el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y los acusó de estar "dejando en total impunidad" el crimen.

"Denuncio una complicidad perversa entre la fiscal general y el presidente Daniel Noboa. Ellos han sellado un pacto de silencio para proteger a los responsables. Esto fue acordado en la ciudad de Guayaquil en el año 2023 para garantizar esta impunidad a las estructuras criminales que operan dentro del Estado", señaló.

"Me ha quedado claro que ni Diana Salazar ni Daniel Noboa van a permitir que se sepa la verdad. Sospecho que son parte del siniestro entramado que envuelve el caso de mi esposo", mencionó, y añadió que estaba consciente de que con esta denuncia ella y su familia están "en grave riesgo y en total estado de indefensión".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde rechaza "las opiniones vertidas en este video, cuyo contenido carece de fundamentos, y por lo tanto es falso".

Asimismo, hizo un llamado a "no usar información de investigaciones previas con fines políticos y electorales para encubrir a los responsables".

Por el asesinato de Fernando Villavicencio hasta el momento han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo ('El Invisible'), cabecilla de la banda criminal Los Lobos, considerado autor mediato (con dominio del hecho) al haber planificado la ejecución del crimen desde la cárcel de Latacunga.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. Uno de ellos, autor de los disparos que mataron a Villavicencio, murió aparentemente tiroteado por los escoltas del candidato y los demás fueron ahorcados en la cárcel en circunstancias no esclarecidas hasta ahora.

Sin embargo, hasta el momento la Justicia ecuatoriana no ha logrado determinar quién dio la orden de acabar con la vida de Villavicencio el 9 de agosto de 2023, cuando fue acribillado a tiros a la salida de un mitin en el centro norte de Quito.

La denuncia de Sarauz se dio poco antes de que Salazar anunciase que prorrogaba sus funciones en el cargo de fiscal general, fuertemente rechazada por el correísmo al haber llevado numerosas acusaciones de corrupción contra esta fuerza política, incluido el caso que derivó en la condena a ocho años de cárcel e inhabilitación contra el expresidente Correa. EFE

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