San José, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles que trabaja en la preparación de un "modelo" para la creación de una nueva cárcel en el país con el apoyo de El Salvador en temas de diseño, planos y procesos de construcción.
Las autoridades costarricenses informaron la ratificación de acuerdos para acceder a los diseños, planos y procesos de construcción de centros penales salvadoreños, lo que se traducirá en un ahorro de aproximadamente 25 millones de dólares para el país en la construcción de esta obra.
"Inicialmente, el costo estimado del nuevo centro penitenciario costarricense rondaba los 60 millones de dólares, pero gracias a esta cooperación, podría reducirse a unos 35 millones. Además, el país ya trabaja en la identificación de fuentes de financiamiento propias para llevar a cabo el proyecto”, afirmó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
El ministro se reunió la semana pasada con su homólogo de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, así como con los equipos técnicos responsables de la infraestructura penitenciaria. La delegación costarricense también visitó varios centros penales, incluyendo la megaprisión Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y la cárcel Cero ocio.
En el Cecot están recluidos líderes de pandillas y desde hace unas semanas migrantes, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer a la organización criminal trasnacional Tren de Aragua y que fueron expulsados de Estados Unidos.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, indicó este miércoles en la conferencia de prensa semanal que la Administración estará preparada para que cuando el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa "cambien las leyes" por unas más rigurosas el país tenga una cárcel moderna y de máxima seguridad.
"Hoy podemos construir la cárcel, pero va a permanecer vacía porque las leyes son de alcahuetería, las leyes no las han querido cambiar desde 1998", afirmó Chaves.
Como parte de las acciones, las autoridades de Costa Rica y El Salvador acordaron una relación de cooperación recíproca entre el personal de ambos ministerios, enfocada en temas como disciplina, seguridad, inserción social, oportunidades laborales dentro del sistema y la aplicación de modelos preventivos, indicó el Gobierno costarricense.
El ministro Campos informó que con el objetivo de tener un país más seguro, ampliarán próximamente los cupos de máxima seguridad a 1.000 privados de libertad.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen la bajada en los homicidios durante el Gobierno de Nayib Bukele a su Plan Control Territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Sin embargo, la medida de régimen de excepción es polémica, se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y es señalada de violentar derechos.
Por su parte, en los últimos años, Costa Rica, país reconocido por su pacifismo y tranquilidad, ha experimentado un fuerte incremento en los homicidios, la mayoría atribuidos a sicarios de bandas narcotraficantes.
En el 2024, Costa Rica registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y alcanzó una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). EFE
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