La Haya/Budapest, 2 abr (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal a encargado de investigar y juzgar a los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Hungría es signatario del Tratado de Roma, el documento por el que se creó, y lo ratificó en 2001.
Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inicia este miércoles una visita a Hungría invitado por su primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que ha despreciado la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el jefe de Gobierno israelí por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Pese a que Hungría es signatario desde 1999 del Estatuto de Roma, el documento por el que se estableció la Corte, y lo ratificó en 2001, Orbán ha afirmado que la orden contra Netanyahu es "descarada" y "cínica" y no tendrá ningún efecto en su país.
El argumento legal es que en las órdenes de la CPI no están reconocidas en el código penal húngaro.
El CPI fue creado por el Estatuto de Roma, ratificado por 125 países, entre los que no están potencias como Estados Unidos, Rusia y China.
No es una corte de Naciones Unidas ni reconoce inmunidad.Tiene competencias para juzgar cuatro tipos de crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el crimen de agresión, en el sentido del uso de la fuerza armada por un país contra otro.
Son los de lesa humanidad y de guerra los que han motivado la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que llega hoy a Hungría invitado por su primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.
Aunque el argumento legal es que en las órdenes de la CPI no están reconocidas en el código penal húngaro, una explicación más política es que el Gobierno húngaro considera que la CPI "no tiene derecho" a acusar a Netanyahu de crímenes de guerra ya que, opina, con sus bombardeos en Gaza, Israel sólo se está defendiendo del ataque anterior del grupo islamista Hamás.
La CPI juzga a los máximos responsables de esos crímenes y a quienes dieron las órdenes o pudieron evitar su comisión, pero no lo hicieron. Es el único tribunal que no reconoce la inmunidad que otorga el cargo a sus sospechosos, como presidentes y primeros ministros.
Pero no celebra juicios en rebeldía, lo que le obliga a esperar al arresto de sus sospechosos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que ejecute esas detenciones, pero sus países miembros están obligados a hacer cumplir las órdenes de arresto.
Para abrir una investigación, la Fiscalía generalmente requiere una remisión del caso por un país miembro o por el Consejo de Seguridad de la ONU; y puede abrir investigación por iniciativa propia.
Víctima de la geopolítica
Entre sus 125 miembros hay grandes ausencias: Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Siria, Irán, Egipto o Turquía, entre otros.
En los últimos años, la CPI se ha visto víctima de la geopolítica y las alianzas internacionales.
En el primer mandato de Donald Trump ya hubo sanciones estadounidenses contra la CPI por poner en punto de mira a las tropas estadounidenses, junto a los talibanes y las fuerzas afganas, en una investigación por crímenes de guerra en Afganistán.
Y el pasado febrero Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a funcionarios de esa corte tras las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, incluido el uso de hambre como arma de guerra.
Trump argumentó su decisión en que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas” contra un “aliado estrecho” como Israel.
Hoy tiene más de una treintena de órdenes de arresto por ejecutar, incluido contra líderes talibanes en Afganistán, y altos cargos en Libia y Sudán. También investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela. EFE
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