Lima, 28 mar (EFE).- Un minero artesanal falleció en Perú este viernes como consecuencia de un ataque con explosivos de presuntos mineros ilegales en la mina Poderosa, la víctima número 18 por este tipo de ataques en ese yacimiento del distrito de Pataz, en la región norteña de La Libertad, que también provocó el derribo de una torre de alta tensión.
Poderosa informó, en un comunicado compartido en redes sociales, que el ataque se produjo en la madrugada de este viernes, cuando mineros ilegales destruyeron con dinamita una torre de alta tensión que alimenta la unidad de Santa María, lo que dejó sin energía todas las instalaciones de superficie e interior de la mina.
Asimismo, los atacantes lanzaron una "ola de incursiones armadas" para expandir su presencia en la zona.
A consecuencia de esto, "un trabajador de los mineros artesanales que mantienen contrato con la empresa perdió la vida" y se tuvo que atender en la posta médica a 50 trabajadores evacuados por inhalación de gases, dado que los atacantes quemaron neumáticos en el interior de la mina.
Sin embargo, la minera activó un plan de emergencia que permitió restablecer el servicio eléctrico en sus instalaciones.
La empresa señaló que se trata del tercer atentado en menos de tres meses y de la decimoséptima torre de alta tensión destruida por los mineros ilegales en los últimos tres años.
"A ello hay que sumar la lamentable pérdida de vidas de 18 colaboradores de Poderosa, víctimas de atentados armados", añadió la compañía.
Poderosa criticó que este atentado se produzca en sus instalaciones, a pesar de que Pataz se encuentra en estado de emergencia por la inseguridad y que hay 200 efectivos policiales y militares desplegados en la zona.
Agregó que tienen 25 zonas tomadas por mineros ilegales, los que operan con total libertad e impunidad.
Denunció que la Policía Nacional no responde a sus pedidos para ingresar a las galerías a desalojar a los grupos criminales.
Igualmente, criticó la "inacción policial" al haber suspendido, desde hace más de medio año, el programa de interdicciones de bocaminas ilícitas (más de 450) y plantas ilegales (más de 40) en la zona, las cuales están "perfectamente identificadas y georreferenciadas".
La minera señaló que la respuesta del Estado peruano debe incluir una mayor labor de inteligencia y el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Poder Judicial para asegurar que los detenidos en los operativos sean procesados y sentenciados por los delitos que cometen.
Puntualizó que el Congreso también tiene responsabilidad en el manejo de este problema al haber aprobado la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad.
La compañía afirmó que la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del país, con unos 6.000 millones de dólares generados en 2024, y que, en su opinión, ha superado con creces al narcotráfico, además de alimentar otros delitos como la trata, el sicariato, la extorsión y depredación ambiental.
La empresa remarcó que "urge que el Estado actúe con determinación y contundencia para combatirla y frenar su avance".EFE
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