El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ha confirmado este martes que el expresidente Rodrigo Duterte se encuentra ya a bordo de un avión con destino a la ciudad neerlandesa de La Haya tras haber sido detenido a primera hora del día a raíz de una petición del Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes contra la humanidad durante su "guerra contra las drogas".
"El avión en el que viajaba el expresidente Rodrigo Roa Duterte despegó a las 23.03 horas (hora local) de esta noche y salió del espacio aéreo filipino. El avión se dirige a La Haya, en Países Bajos, para que el expresidente se enfrente a cargos de crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas", ha manifestado Marcos Jr durante una comparecencia de prensa compartida en sus redes sociales.
El mandatario filipino ha destacado que Duterte ha sido detenido y puesto bajo custodia en la base aérea de Villamor, al sur de Manila, después de haber aterrizado junto a su mujer y otras personas procedentes de Hong Kong. "El señor Duterte fue detenido en cumplimiento con nuestros compromisos con Interpol", ha subrayado.
"Horas antes de su llegada, Interpol Manila recibió una copia oficial de la orden de detención del TPI (...) Interpol pidió ayuda y nosotros accedimos porque tenemos compromisos con Interpol que debemos cumplir. Si no lo hacemos, dejarán de ayudarnos con otros casos de fugitivos filipinos en el extranjero", ha argumentado.
Asimismo, Marcos Jr ha incidido en que la actuación de Filipinas este martes es "lo que la comunidad internacional espera" de un país democrático. Esta postura contrasta con la de la vicepresidenta filipina e hija de Duterte, Sara Duterte, quien ha denunciado que su padre está siendo "trasladado a la fuerza" a La Haya.
"Nuestro gobierno ha entregado hoy a un ciudadano filipino, antiguo presidente, a las potencias extranjeras. Esto es una afrenta flagrante a nuestra soberanía y un insulto a todo filipino que crea en la independencia de nuestra nación", ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.
Así, ha afirmado que "se están negando los derechos fundamentales" de Duterte, dado que "no ha sido llevado ante ninguna autoridad judicial competente" antes de "ser trasladado por la fuerza a La Haya". "Esto no es justicia. Esto es opresión y persecución", ha agregado la vicepresidenta filipina, que ha acusado al Gobierno de "abandonar" a uno de sus ciudadanos y "traicionar la esencia de la soberanía y dignidad".
Duterte ha sido arrestado en el Aeropuerto Internacional de Manila a su llegada al país desde Hong Kong, según ha confirmado la Presidencia filipina, tras lo que el expresidente fue trasladado a una base aérea, desde donde el exmandatario tildó de ilegal su detención, según un vídeo publicado por otra de sus hijas, Veronica Duterte, a través de su cuenta en Instagram.
El expresidente llegó al cargo en 2016 tras una campaña en la que hizo precisamente de esa "lucha contra las drogas" su bandera. Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra las drogas" de Duterte. El propio expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya.
La Administración de Duterte trabajó para suspender las investigaciones del tribunal internacional en 2021 argumentando que las autoridades del país ya estaban llevando a cabo sus propias pesquisas y que, por lo tanto, el TPI no tenía jurisdicción sobre el caso, dado que era un asunto abierto a nivel nacional.
Sin embargo, el proceso de apelación en el TPI determinó en 2023 que la investigación podría retomarse después de rechazar las objeciones de Filipinas, mientras que el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien llegó al poder en 2022, afirmó que estaba dispuesto a cooperar con el TPI si pedía su arresto, si bien no ha reintegrado al país en el organismo.
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