Roma, 27 feb (EFE).- Los magistrados italianos han apoyado masivamente este jueves la huelga convocada en 29 ciudades de todo el país para defender la independencia de la Justicia y de la Constitución y protestar contra el proyecto de ley del Gobierno de Giorgia Meloni que busca separar las carreras de juez y fiscal.
El 80 % de los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados (ANP), principal grupo representativo de jueces y fiscales de Italia, secundaron el paro, que estuvo acompañado de movilizaciones como la organizada ante la sede del Tribunal Supremo en Roma, en medio de creciente tensión los últimos meses entre el poder judicial y el Ejecutivo.
En la capital italiana, decenas de jueces y fiscales se congregaron en las escaleras de entrada a la sede del Supremo, enarbolando copias de la Constitución de 1948 mientras vestían togas negras para reivindicar su propio rol.
La protesta se produce tras las fricciones entre la Justicia y el Gobierno de la ultraderechista Meloni, algunos de cuyos miembros han criticado públicamente fallos judiciales, entre otros por el plan de externalización migratoria con Albania, después de que los jueces invalidaran el arresto de migrantes en centros controlados por Italia en el país balcánico.
El paro también contesta la reforma constitucional que separa las carreras de juez de fiscal, una distinción a la que se oponen los magistrados y los partidos de la oposición, que lo consideran un peligro para la democracia, después de que el Parlamento, en el que la coalición gubernamental cuenta con mayoría, aprobara en enero pasado el primer paso para su adopción.
Según explicó a EFE Paola di Nicola, jueza de la Corte Suprema que tomó parte en la protesta, la reforma supone un riesgo que podría transformar el enfoque del sistema judicial, al romper la unidad de la formación y las carreras de jueces y crear dos consejos superiores de la magistratura.
Di Nicola también mostró su preocupación por la reforma cuando, según aseguró, el poder judicial ha demostrado su capacidad para combatir el crimen organizado, luchar contra la violencia hacia las mujeres y combatir la corrupción.
"¿Por qué debemos cambiar? ¿Cuál es la verdadera razón? No ayuda a los ciudadanos, no acelera los procesos y la situación organizativa es dramática", subrayó Di Nicola, refiriéndose a la sobrecarga de trabajo y la lentitud de los procesos judiciales en Italia.
El sistema actual, creado según las bases de la Constitución de 1948, "fue diseñado después del fascismo para garantizar" que jueces y fiscales tuvieran en su ámbito de conocimiento "la cultura de los derechos y garantías", mientras que el modelo que busca el Gobierno cambia su meta de aplicar reglas y proteger derechos hacia uno más orientado a "ganar o perder" los juicios. EFE
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