La sala de competencia del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rebajado en un 85% la sanción que interpuso a Inabensa, antigua filial de Abengoa, por participar en un cártel ferroviario, después de que la Audiencia Nacional estimase un recurso presentado por la compañía.
Se trata de la primera resolución del consejo de la CNMC relativa la tanda de sentencias que la Justicia emitió el año pasado, que estimaban en muchos casos los recursos de las 15 empresas que fueron sancionadas por Competencia en 2019 por formar parte de un triple cártel con el que durante catorce años varias empresas se repartieron unos 200 proyectos ferroviarios valorados en 1.055 millones de euros.
Inabensa, cuyos activos pasaron a Cox Energy tras el concurso de acreedores de Abengoa, recibió una multa de 8,2 millones por el cártel en la alta velocidad, que la Justicia no anuló, y otra de 3,5 millones en líneas de tren convencional, que la AN anuló parcialmente.
Esta última sanción es la que la CNMC ahora ha rebajado a 520.000 euros en aplicación de la sentencia de la AN, al cambiar la duración de la conducta anticompetitiva de la compañía, ya que Competencia estimó que se había producido entre 2002 y 2014 y la sentencia la limitaba a entre 2013 y 2014.
El año pasado, la Audiencia Nacional anuló parcialmente las sanciones de Cobra y CYMI (empresas que antes pertenecían a ACS y ahora a la francesa Vinci), Sacyr y OHLA, al defender que la CNMC no había aportado prueba de cargo suficiente que permitiese concluir que conocía la existencia del plan anticompetitivo.
Sin embargo, la AN sí avaló las multas interpuestas a Siemens (16,8 millones), Comsa (2,8 millones), Indra (870.000 euros) y Teléfonos Líneas Centrales (600.000 euros), al entender que la CNMC no había infringido ningún principio de graduación y proporcionalidad respecto a la cuantificación de la sanción y que no había falta de motivación.
Con Cobra y CYMY pasó algo parecido a lo de Inabensa, puesto que se anuló la sanción relativa al periodo anterior a 2013, pero se dejó la puerta abierta por las posibles responsabilidades entre 2013 y 2014. En total, las cuatro filiales afrontaron una multa de 51 millones de euros.
'MODUS OPERANDI'
Según el regulador, las compañías implicadas pactaban consorcios para lograr contratos de electrificación del AVE y repartir después parte de las obras con el resto de las firmas, "que presentaban ofertas al proyecto para simular concurrencia competitiva en la licitación".
En el caso de las líneas convencionales, el acuerdo entre las empresas pasaba por repartirse las licitaciones mediante un sorteo con el que establecían el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaban 'ranking'. Además, compensaban a las que no resultaban adjudicatarias con un 6% del importe del contrato.
El mayor de estos tres cárteles es el que trece de estas firmas mantuvieron durante ocho años, que además coincide con los de la pasada crisis (2008 y 2016), con el que "adoptaron acuerdos" para "repartirse" 24 proyectos de electrificación del AVE por 837 millones.
Otro de los cárteles se extendió durante catorce años (2002-2016), en los que diez empresas acordaron sobre 173 contratos de electrificación de tren convencional que suman 134 millones, y el tercero, formado por Alstom y Siemens y luego ampliado a Elecnor, afectó a siete contratos de instalación de equipos electromecánicos del AVE que suman 84 millones.
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