Madrid, 23 ene (EFE).- Millones de españoles sufren desde este jueves las consecuencias de las disputas políticas entre el Gobierno de coalición progresista y la oposición conservadora, que se traduce, por ejemplo, en la supresión de las ayudas al transporte o la no revalorización de las pensiones de doce millones de personas.
El congreso de los Diputados debía aprobar ayer estas medidas presentadas por el Ejecutivo, pero la negativa del conservador Partido Popular (PP), del ultraderechista Vox y de los independentistas catalanes de Junts, hizo fracasar estas propuestas de un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, por lo que necesita negociar cada una de las medidas que propone.
El "no" de los independentistas de Junts y su alineamiento con el PP y Vox, sus enemigos acérrimos durante años por la cuestión nacionalista, supone un debilitamiento para el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez, y desde algunos sectores progresistas se alerta de un acercamiento entre estos grupos que puede poner en riesgo a la legislatura.
El Gobierno había aprobado un decreto que revalorizaba las pensiones para este 2025, un 2,8 % para la mayoría y un 9 % para las más bajas, que se aplicará este mes de enero, pero necesitaba que esta medida fuera ratificada por el Congreso. Su rechazo supone que en febrero doce millones de pensionistas verán bajadas sus pensiones a las cantidades del año pasado.
Después de este varapalo, todos los partidos se afanan en justificar ante la opinión pública sus posturas, a sabiendas de que sus disputas afectan a cuestiones vitales para millones de ciudadanos.
"Cuando en febrero vean que su pensión ha bajado se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros", dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dirigiéndose a los pensionistas.
El PP afirma que no tiene la culpa de que el Gobierno no tenga mayoría y piden elecciones anticipadas, mientras anuncian que presentará su propuesta de revalorizar las pensiones; y lo mismo anunció hoy Junts.
Pero las consecuencias más inmediatas de la derrota parlamentaria las están viendo hoy las personas que tratan de comprar abonos de transporte, ya que ven cómo han desaparecido las bonificaciones que estaban en vigor desde 2022, después de que la guerra en Ucrania hiciera subir la inflación, lo que provocó situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Junts cumplió su amenaza cinco días después de que su líder, Carles Puigdemont, avisara de esta posibilidad, después de las negociaciones con el Gobierno, al que acusa de no haber cumplido sus compromisos con los independentistas tras el apoyo de éstos a la investidura como presidente del Gobierno de Sánchez.
Los siete diputados de Junts son claves para que el Congreso apruebe las leyes propuestas por el Gobierno y la presión es continua, ley a ley, ya que no hay un acuerdo de legislatura.
Exigen, entre otras cosas, la aplicación de la amnistía a los independentistas, entre ellos el propio Puigdemont, que está fuera de España para no enfrentarse a la Justicia después la fracasada declaración de independencia de Cataluña de 2017.
El Ejecutivo ya aprobó la citada amnistía, pero su aplicación está en manos de los jueces. EFE