Seúl, 21 ene (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, negó hoy ante el Tribunal Constitucional que ordenara sacar "a rastras" a los diputados del Parlamento para evitar que revocaran la ley marcial que declaró el 3 de diciembre.
Yoon respondió con un rotundo "no" cuando el magistrado que preside la corte, Moon Hyung-bae, le preguntó si "ordenó al jefe del Comando de Defensa de la Capital, Lee Jin-woo, y al jefe del Comando de las Fuerzas Especiales, Kwak Jong-keun, que sacaran a rastras a los diputados que se congregaron en la Asamblea Nacional (Parlamento) con intención de revocar la ley marcial tras la declaración de la misma".
El presidente añadió que una votación del Parlamento "no es algo que pueda prevenirse bloqueándolo o retrasándolo" y afirmó que ordenó retirar las tropas después de que el hemiciclo revocara el estado de excepción.
Yoon también negó haber entregado un memorando al ministro de Finanzas y actual presidente interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, el día de la declaración de la ley marcial para pedirle que elaborara un presupuesto para un "órgano legislativo de emergencia".
El presidente también descartó que haya una teoría de la conspiración sobre elecciones fraudulentas detrás de la orden que se dio a las tropas para que se hicieran con los servidores informáticos de la Comisión Electoral Nacional (NEC) la noche del 3 de diciembre.
El mandatario argumentó que "en octubre de 2023, el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) inspeccionó una porción muy pequeña de los equipos informáticos de la NEC y halló muchos problemas" y añadió que la orden "no fue para detectar la elección fraudulenta en sí, sino para examinar exhaustivamente el sistema informático de la NEC".
La de hoy es la primera comparecencia del mandatario ante el Constitucional, puesto que se ausentó de las dos vistas preparatorias, así como de las dos primeras vistas ordinarias celebradas en el tribunal los pasados 14 y 18 de enero.
El máximo tribunal surcoreano tiene hasta junio para decidir si el cese de Yoon aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre por haber declarado el estado de excepción 11 días antes será definitivo o si lo restituye en el cargo.
En caso de que su inhabilitación quede ratificada deberán convocarse elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.
Yoon, que está arrestado de manera preventiva desde el 15 de diciembre, encara a su vez una investigación penal por un posible delito de insurrección que podría castigarse con cadena perpetua o la pena capital (para la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997), aunque se ha negado a declarar ante los investigadores.
El presidente y sus letrados están basando su defensa en la idea de que la ley marcial fue un simple recurso legal más a su disposición durante el agresivo intercambio de golpes que venía manteniendo con la oposición en el contexto de absoluta falta de consensos y diálogo político que caracterizado las dos últimas legislaturas en Corea del Sur.
El enfrentamiento entre el presidente conservador y los liberales del Partido Democrático (PD) venía marcado por la mayoría parlamentaria de estos últimos, especialmente contundente tras las sonada derrota del partido gobernante en las legislativas de abril, y el número récord de mociones de destitución parlamentarias y vetos presidenciales empleados por ambas partes desde la llegada al poder de Yoon en 2022. EFE
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