Berlín, 16 ene (EFE).- El juicio contra dos exdiputados conservadores alemanes acusados de haber recibido sobornos de Azerbaiyán en su calidad de miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) arrancó este jueves ante la Audiencia Territorial de Múnich.
Uno de los sospechosos es Eduard Lintner, durante 33 años diputado por la Unión Socialcristiana (CSU) bávara y secretario de Estado en el Ministerio del Interior, además de miembro de la APCE.
El caso fue destapado por una investigación periodística en 2017.
La Fiscalía le acusa de haber recibido de Bakú más de tres millones de euros a través de diversas empresas, que en parte habría transferido a otros diputados de la APCE para influirlos y llevarles a votar decisiones favorables al régimen de Ilham Alíyev.
El otro acusado es Axel Fischer, diputado de la Unión Cristianodemócrata (CDU) durante 23 años y durante ocho, jefe del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE).
Según la Fiscalía, recibió al menos 26.000 euros (algunas sumas han prescrito) a cambio de pronunciar en la APCE discursos favorables a Bakú y de transmitir a ese país documentos confidenciales de forma anticipada.
Una tercera sospechosa, la diputada de la CDU Karin Strenz, murió en 2021.
Los acusados han rechazado siempre las alegaciones y Lintner ha asegurado que el dinero recibido era para su Sociedad para el Fomento de las Relaciones Germano-Azeribaiyanas y para misiones de observación electoral.
En 2018, 13 miembros del Consejo de Europa, entre ellos también españoles, italianos y belgas, fueron expulsados por haber recibido sobornos de Azerbaiyán, tras una investigación interna sobre la estrategia conocida como "diplomacia del caviar".
La ONG alemana Transparencia Internacional (TI) destacó este jueves que el proceso contra Lintner y Fischer es el primero en el que estas alegaciones han desembocado en un juicio.
Los países de los diputados que aparecen en la investigación del CdE se han mostrado "pasivos" por el momento, con la excepción de Alemania, denunció Wolfgang Jäckle, de TI, según un comunicado.
"Un Estado que no exige responsabilidades penales a sus diputados está infringiendo el principio fundamental según el cual en un Estado de derecho nadie está por encima de la ley", aseguró.
Al mismo tiempo, comentó que el juicio debería constituir una "advertencia" para los diputados que están dispuestos a colocarse al servicio de un "régimen autócrata" a cambio de beneficios personales, de que no están a salvo de la justicia. EFE
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