Asunción, 15 ene (EFE).- Un fiscal paraguayo imputó por los presuntos delitos de "coacción grave, privación de libertad y violencia familiar" a un sujeto acusado por su pareja, una senadora oficialista, de agresión, informó este miércoles el Ministerio Público.
Además, el agente fiscal de la localidad de Santa Rosa del Aguaray (norte), José Godoy, solicitó al Juzgado Penal de Garantías que ordene prisión preventiva contra el acusado, mientras se lleva adelante la investigación.
En un comunicado, la entidad identificó al acusado como Gustavo Vera, quien fue denunciado por la legisladora Zenaida Delgado por "hechos de violencia".
Vera habría protagonizado el lunes un incidente con su pareja en el interior de un vehículo, "lo que derivó en una agresión física", según la denuncia presentada, detalló la nota.
A raíz del hecho, ocurrido en una estación de servicio de la localidad de Santa Rosa del Aguaray, el sujeto fue detenido y trasladado a una comisaría, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público.
El acusado se abstuvo de declarar durante su comparecencia, agregó la información oficial.
Según el Ministerio Público, entre enero y diciembre de 2024 fueron atendidas en Paraguay 37.634 víctimas de violencia intrafamiliar, un promedio de 103 casos por día frente a los 95 contabilizados en 2023 y los 86 de 2022. EFE
Últimas Noticias
Ejército de Israel dice haber detectado un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio
Ecuador bombardea una zona de minería ilegal en una localidad fronteriza con Colombia
Milei aplaude el fallo de EEUU sobre la expropiación de YPF, que ahorrará a Argentina 13.975 millones
El mandatario celebró la decisión judicial en Estados Unidos que anuló un dictamen contra el país por la nacionalización de la energética, destacó el alivio económico y anunció una propuesta para reformar la normativa de expropiaciones en el Congreso

El Gobierno palestino celebra la resolución del Consejo de DDHH la ONU sobre los territorios ocupados
El ministerio de Exteriores expresó satisfacción por la aprobación de la resolución que exige responsabilidades por crímenes en zonas bajo control israelí, subrayando la importancia de la justicia y el respaldo internacional a los derechos de la población palestina
