Sídney (Australia), 10 ene (EFE).- Australia vulneró los derechos humanos de solicitantes de asilo, incluidos menores, al deportarlos a un precario centro de detención en Nauru, una nación isleña del Pacífico, indicó el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En un comunicado, el Comité indicó el jueves que, tras evaluar dos denuncias, ha concluido que las autoridades australianas incumplieron la ley internacional sobre derechos civiles y políticos por la "detención arbitraria" de solicitantes de asilo en Nauru.
"Un Estado signatario no puede eludir su responsabilidad en derechos humanos al externalizar el proceso de asilo a otro Estado", afirmó Mahjoub El Haiba, miembro del Comité de la ONU.
"En el caso de que el Estado ejerza control efectivo sobre un área, sus obligaciones bajo la ley internacional permanecen firmemente en pie y no pueden transferirse", agregó El Haiba.
Uno de los casos abordados por el Comité es el de 24 menores no acompañados de Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka y Birmania (Myanmar) interceptados en el mar por las autoridades australianas y enviados a Nauru para el procesamiento de sus solicitudes de asilo.
El órgano de la ONU precisó que en Nauru sufrieron deterioro físico y mental, incluidos problemas renales, autolesiones y depresión. A pesar de recibir el estatus de refugiados en 2014, todos menos uno permanecieron detenidos en el país isleño en un centro masificado y en condiciones higiénicas precarias.
Otro caso se refiere a una solicitante de asilo iraní que llegó con su familia en 2013 a la isla australiana de Christmas y que, separada de sus familiares, fue enviada a Nauru y luego trasladada a Australia, donde permaneció detenida, 13 meses después de recibir el estatus de refugiada.
Estos refugiados presentaron sus quejas ante el Comité de la ONU al considerar que se habían vulnerado sus derechos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Iccpr, siglas en inglés).
"Ha quedado demostrado que Australia tenía un control y una influencia significativos sobre las instalaciones regionales de tramitación de Nauru y, por lo tanto, consideramos que los solicitantes de asilo en esos casos estaban bajo la jurisdicción del Estado firmante en virtud del Iccpr", dijo El Haiba.
En este sentido, el Comité precisó que la externalización no absuelve a los países de sus obligaciones. "Los establecimientos de detención en el extranjero no son zonas exentas de derechos humanos para los países (firmantes del ICCPR)", subrayó El Haiba.
Australia reactivó en 2012 la tramitación de solicitudes de asilo llegados por vía marítima a centros de detención en Nauru y la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea), un programa implementado previamente entre 2001 y 2008.
Las autoridades australianas anunciaron en 2021 el cierre del centro de Manus y, dos años más tarde, del de Nauru, aunque decenas de solicitantes de asilo y migrantes deportados aún continúan en estos países en alojamientos alternativos con escasos recursos. EFE
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