Organizaciones de Derechos Humanos, junto a opositores venezolanos exiliados en España han denunciado este viernes en Madrid una recopilación de delitos de odio que atribuyen al régimen de Nicolás Maduro, y que incluye la muerte de 35 personas desde el pasado mes de julio.
Las plataformas han relatado que, desde que arrancó la campaña electoral en Venezuela a principios de julio, se han contabilizado 35 muertes por crímenes de odio y centenares de personas han sufrido lesiones o han resultado heridas, y aseguran que en más de 1.300 manifestaciones se ha producido violencia o represión policial, con más de 2.400 detenciones arbitrarias, incluidos indígenas y periodistas.
Asimismo, han informado de ataques de grupos violentos armados contra los manifestantes, muertes bajo custodia de las autoridades policiales, torturas a presos políticos, además de amenazas del propio Maduro sobre un "baño de sangre" y una "guerra civil" si ganaba los comicios la oposición, así como del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, hacia opositores.
APOYO DE MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
Así lo ha detallado en una rueda de prensa celebrada en Madrid el presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación (COVIDOD), Esteban Ibarra; junto al presidente de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, Manuel Rodríguez; y el director del periódico venezolano 'El Nacional', Miguel Henrique.
En el acto, los exiliados han estado acompñados por uno de los magistrados del TSJ de Venezuela en el exilio, Rafael Ortega, a quien han entregado una acción mero-declarativa para que se reconozca la existencia del derecho a la justicia para las víctimas de los delitos de odio y a la reparación que reclaman.
Todo ello ha sido reflejado en un informe donde las organizaciones reclaman que "se haga justicia" para los ciudadanos venezolanos víctimas de crímenes por su ideología, sus libertades y derechos de expresión y manifestación y su pertenencia a grupos vulnerables en el actual contexto político del país.
El documento recalca que la denuncia es de interés jurídico y la única vía para alcanzar dichos objetivos en Venezuela, pudiendo proceder más tarde a investigar los hechos denunciados y a depurar responsabilidades penales derivadas de los mismos.
Para la fundamentación de la denuncia, los exiliados hacen referencia a la Constitución de Venezuela, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la ONU, el Código Penal venezolano así como Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, entre otros.
"ESTAMOS CUMPLIENDO CON NUESTRO DEBER ÉTICO Y SOCIAL"
Así las cosas, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia ha reivindicado la recopilación de delitos asegurando que así están cumpliendo con su "deber ético y social" de denunciar, alegando que constituye "un informe de hechos" y "no es un análisis político".
Ibarra ha compartido su deseo de que se "depuren las responsabilidades" por la muerte de 35 personas a causa de delitos de odio, y que Maduro pague por amenazar "con un baño de sangre" si la oposición se hacía con la Presidencia.
"Sabemos que ahora es imposible hacer justicia en Venezuela, pero queremos que el tribunal (en el exilio) reconozca estos hechos y este informo", ha proseguido, esperanzado en que "algún día", cuando vuelvan las libertades democráticas al país latinoamericano, "habrá justicia allí para las víctimas".
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