El Cairo, 17 dic (EFE) .- El presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, ratificó este martes su primera ley de asilo, una regulación que varias organizaciones humanitarias rechazan por supuestamente vulnerar los derechos de los migrantes al dar la posibilidad a las autoridades de "denegar o retirar el asilo arbitrariamente", entre otras acciones, informaron fuentes oficiales.
La ley, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor "sin infringir los acuerdos internacionales vigentes en Egipto", y se "aplica a los refugiados y solicitantes de asilo y todo aquel que haya adquirido el estatus de refugiado antes de la entrada en vigor de la ley", indicó la agencia oficial de noticias egipcia, MENA.
Egipto, que hasta ahora no tenían una legislación propia en el país, establece un comité permanente responsable de decidir la aprobación o denegación de las solicitudes de asilo en un plazo de seis meses para las personas extranjeras que entraron en el país de forma legal y de un año como máximo para quienes accedieron ilegalmente.
La legislación reconoce al refugiado los derechos ratificados para los ciudadanos extranjeros, como el derecho a realizar trámites y procesos legales de todo tipo, el derecho al trabajo, a cobrar un sueldo digno, ejercer empleos libres, establecer empresas o unirse a otras existentes; además del derecho a la atención sanitaria adecuada y a la libertad de credo religioso, entre otros.
Asimismo, detalla que la persona que adquiera el estatus de refugiado tiene también el derecho de conseguir un documento de viaje emitido por el Ministerio de Interior, y prohíbe a las autoridades entregar o devolver al refugiado al país del que tiene nacionalidad o su país de residencia habitual para garantizar su seguridad.
Sin embargo, establece el rechazo de la petición de asilo y refugio "en el caso de que el aspirante tenga intenciones serias de cometer crímenes contra la paz, de lesa humanidad o un crimen de guerra", de la misma forma que se denegará la solicitud "si cometió un crimen grave antes de entrar a Egipto, o si está en lista de terroristas en Egipto".
Por otro lado, aclara que quienes entren al país ilegalmente y cumplan con los requisitos para obtener la protección internacional deben presentar su solicitud voluntariamente al comité en un máximo de 45 días desde la fecha de su llegada.
De no hacerlo, se le impondría un mínimo de seis meses de cárcel y una multa de entre 10.000 libras egipcias (unos 200 dólares estadounidenses) y 100.000 libras (alrededor de 2.018 dólares).
Egipto se ha convertido en un socio estratégico de la Unión Europea en materia de control migratorio y evitar los flujos de migración irregular a través del mar Mediterráneo.
La ONG Human Rights Watch denunció hoy que al promulgarse la ley aumenta el riesgo de que las autoridades puedan denegar o retirar el asilo arbitrariamente, así como utilizar poderes de emergencia para restar derechos, obligar a los refugiados a cumplir normas vagamente redactadas y criminalizar la entrada irregular y la ayuda no oficial a los solicitantes de asilo.
En referencia al denominado "Comité Permanente para Asuntos de Refugiados" responsable de decidir la aprobación o denegación de las solicitudes de asilo, Amnistía Internacional y HRW advirtieron que esta nueva comisión no ofrece garantías en el proceso debido a que retira esta responsabilidad al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La comunidad más afectada sería la sudanesa, ya que Egipto acoge desde abril de 2023 y debido a la guerra en el país a más de un millón de personas, además de alrededor de 845.000 refugiados y solicitantes de asilo registrados en ACNUR a finales de este noviembre. EFE