
Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocido como Grupo IDEA, ha mostrado su "grave preocupación" ante la decisión adoptada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de suspender de sus funciones a la vicepresidenta Verónica Abad en una maniobra que la dirigente ha denunciado como una "grosera violación" de la Constitución.
Los antiguos dirigentes conservadores que conforman el grupo han subrayado que el mandato de Abad es fruto del "ejercicio de la soberanía popular", recogido en al Constitución ecuatoriana. Además, la suspensión de un cargo público como fruto de una autoridad administrativa y no por resolución judicial es contrario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH).
Así pues, el Grupo IDEA ha mostrado su deseo de que "en Ecuador no cristalicen situaciones que puedan afectar el ejercicio legítimo de poder u ocurrir una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático", tal y como se desprende de un comunicado remitido por la organización a la luz de los últimos acontecimientos en Ecuador, que precisamente estos días acoge la Cumbre Iberoamericana.
Finalmente, los antiguos jefes de Estado y de Gobierno han hecho un llamamiento al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a que sostenga su "seguimiento de la cuestión" y que, llegado el caso, ejerza las competencias que le fija la Carta Democrática Interamericana.
El texto cuenta con la rúbrica de cerca de una treintena de antiguos líderes latinoamericanos, además del expresidente del Gobierno español José María Aznar. Entre los firmantes también se encuentra los expresidentes de Ecuador Osvaldo Hurtado (1981-1984), Jamil Mahuad (1998-2000), Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).
Este comunicado se publica en una jornada en que la Asamblea Nacional de Ecuador ha condenado la suspensión temporal del cargo de la vicepresidenta y ha decidido llevar el asunto al Tribunal Constitucional al considerar que se trata de una decisión "ilegal e inconstitucional".
La vicepresidenta Abad fue suspendida de empleo y sueldo durante un periodo de 150 días por "abandono injustificado" de funciones al retrasar varios días su traslado de Israel hacia Turquía, en un cambio de legación diplomática por el conflicto bélico. Esta medida tuvo lugar en medio de una creciente tensión política entre Abad y Noboa.
Las disputas entre ambos comenzaron durante la campaña electoral de 2023 y se han ido intensificando a raíz de su nombramiento como embajadora en Israel, una decisión que Abad considera un intento de apartarla de la Administración. Según considera la vicepresidenta, el objetivo es que no sustituya en el cargo al mandatario cuando comience la campaña electoral para su reelección de cara a los comicios de 2025.
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