Sídney (Australia), 6 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia del país oceánico, declaró ilegal este miércoles la imposición de dispositivos de vigilancia electrónica y toques de queda a más de 200 inmigrantes indocumentados que habían sido puestos en libertad el año pasado.
Esta decisión afecta a los inmigrantes no documentados, algunos con un historial delictivo, que fueron liberados el año pasado de los centros de detención para migrantes, ya que su deportación es inviable de momento y, por tanto, se exponían a una privación de libertad indefinida.
En un comunicado, el tribunal indicó que decidió por mayoría que
"la imposición de cada una de las condiciones de toque de queda y de vigilancia" a estos inmigrantes, que tienen un visado temporal especial, es "punitiva y no puede justificarse".
El fallo de hoy consideró que las leyes de emergencia presentadas en noviembre de 2023 por el Gobierno australiano y aprobadas por el Parlamento de Camberra para imponer medidas restrictivas "transgredieron" la separación de poderes entre el Poder Judicial y el Estado, al considerar que estas sanciones solo las pueden imponer los tribunales.
La decisión, que afecta a 150 órdenes de dispositivos electrónicos y 130 toques de queda impuestos, se da después de que esta misma instancia judicial determinara en un fallo del 8 de noviembre del año pasado que la detención indefinida de decenas de indocumentados sin posibilidad de deportación era ilegal.
La medida de entonces, que resultó en la puesta en libertad de más de 220 inmigrantes, motivó al Gobierno australiano a presentar leyes de emergencia, que fueron aprobadas por el Parlamento de Camberra a finales de año, para vigilar y limitar el movimiento de estos migrantes por temor a que pongan en peligro la seguridad ciudadana.
Según información oficial citada hoy por la cadena pública australiana ABC, entre estos inmigrantes liberados el año pasado, 12 cumplieron condenas por asesinato o intento de asesinato, 66 por delitos sexuales, 97 por asalto y 15 por violencia doméstica, entre otros delitos.
Además, desde que fueron liberados, unos 65 han sido acusados nuevamente con una serie de cargos, principalmente por violar las restricciones que se les impuso, agregó la ABC.
La histórica decisión del año pasado decidió la suerte de NZYQ, un hombre rohinyá -una etnia birmania no reconocida por las autoridades de su país-, que se enfrentaba a la posibilidad de ser detenido de por vida porque ningún país había aceptado reubicarlo tras cumplir en Australia una condena de 10 años de prisión por delitos sexuales contra menores.
Australia impuso en 1992 una política de detención obligatoria de todos los solicitantes de asilo que llegan a este país por la vía marítima, la cual endureció más en 2013 cuando ordenó recluir a los "sin papeles" en centros para inmigrantes en alta mar o devolverlos a sus puntos de embarcación.
Muchos de los refugiados y solicitantes de asilo han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria; otros de la discriminación, como las minorías rohinyá, en Birmania (Myanmar), o bidún, en la región del Golfo. EFE
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