Tegucigalpa, 10 oct (EFE).- El exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras Gabriel Rubí se entregó este jueves a la Justicia hondureña, que lo acusa por el presunto fraude de 2,5 millones de dólares en la compra irregular de ventiladores mecánicos para la pandemia, y fue enviado a prisión.
Rubí se presentó voluntariamente a las instalaciones del Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, que dictó su "detención judicial" tras comparecer en la audiencia de declaración de imputado, dijo la portavoz del Tribunal, Bárbara Castillo.
El exfuncionario deberá cumplir el arresto en la Penitenciaría Nacional de Támara, a unos 20 kilómetros de Tegucigalpa, y deberá comparecer nuevamente ante la Justicia el 14 de octubre para la audiencia inicial.
Rubí es acusado por el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, al haber adquirido ventiladores mecánicos que "fueron recibidos incompletos y sin accesorios para su adecuado uso", lo que impidió atender a los pacientes con Covid-19.
Además de Rubí, la Fiscalía acusa al exministro de Relaciones Exteriores hondureño, Lisandro Rosales, a la excónsul de Honduras en Nueva York, Jessica Canahuati, y a los exfuncionarios de la Copeco Cristian Elías Santelí, Clara Lizeth Trejo y Alexis Yamil Peña.
Trejo y Peña fueron detenidos el 23 de septiembre por las fuerzas de seguridad de Honduras.
Según el Ministerio Público, los seis exfuncionarios durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández (2018-2022), condenado en junio a 45 años de prisión en Nueva York por narcotráfico, "habrían manipulado el proceso de adquisición" de los ventiladores y "realizado transferencias bancarias sin la debida documentación soporte", además de omitir la "recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega".
El organismo hondureño enfatiza que mientras la población "sufría una de las peores tragedias sanitarias de su historia y miles de hondureños morían asfixiados" en los hospitales, los acusados "llenaban sus cuentas bancarias con dinero manchado de sangre y lágrimas".
Además, señala que los ventiladores aún continúan almacenados en las bodegas de los centros sanitarios estatales, porque "no fueron aptos" para atender a pacientes con covid-19.
"Esta adquisición se convirtió en una cruel burla a la desesperación de todo un país, ya que la negligencia y la codicia de quienes debían servir al pueblo provocaron un perjuicio a la salud del pueblo", indica el Ministerio Público. EFE