Tegucigalpa, 22 may (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró este miércoles el estado de emergencia ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y las zonas productoras de agua, y anunció una inversión de 242,9 millones de dólares entre 2024 y 2026 para proteger la selva.
"La tala masiva y la ganadería ilegal, impulsada por el hambre, la ambición desmedida en el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, el comercio inescrupuloso de la explotación irracional de las principales especies de maderas preciosas y bosques de pino, el crimen organizado quien cubre las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas, está arrasando con los bosques y desestabilizando la región", subrayó Castro.
Estos factores están "poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y del agua, vital líquido para la sobrevivencia humana, y en especial de las comunidades locales e indígenas, además, el daño que le causa la contaminación ambiental y el clima global", añadió la mandataria, que preside el CNSD.
La estado de emergencia se declaró durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD), celebrada en el departamento de Gracias a Dios, ubicado al este del país, frente al Caribe, fronterizo con Nicaragua.
El CNSD pidió al Ministerio Público investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal, pues gran parte de la agricultura migratoria, la ganadería extensiva y el cultivo de droga tiene su origen en "el lavado de activos y el crimen organizado", actividades que "atentan y destruyen los bosques tropicales" de Honduras.
Ordenó además neutralizar y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer "delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado", que han destruido los bosques, la cultura de los pueblos originarios y áreas protegidas, según la resolución aprobada por el CNSD y leída por el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad instruyó a las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) a decomisar inmediatamente y destruir la maquinaria que "depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas", añadió Medina.
El Gobierno hondureño anulará jurídicamente las autorizaciones extendidas por el Instituto Nacional Agrario en áreas forestales y ordenó el "desalojo de las actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos y construcción de proyectos de urbanización" en la zona núcleo de las áreas protegidas, según la resolución.
Solicitó también al Ministerio Público investigar los procesos de otorgamiento de títulos de propiedad inscritos ilegalmente en el Instituto de la Propiedad dentro del patrimonio público nacional, forestal inalienable y en especial los que han despojado a las comunidades y pueblos originarios.
El CNSD ordenó a las Fuerzas Armadas aumentar hasta 8.000 soldados en los batallones de protección ambiental, en el marco de la estrategia 'Cero deforestación'.
Todas las personas que cometan delitos ambientales serán capturadas y judicializadas y, para ello, la Corte Suprema de Justicia asignará tres jueces con jurisdicción nacional y el Ministerio Público dispondrá de tres fiscales.
El ministro de Recursos Naturales indicó que a la estrategia 'Cero deforestación' se le asignará este año un presupuesto de 1.000 millones de lempiras (40,5 millones de dólares), 2.000 millones de lempiras (80,9 millones de dólares) en 2025 y 3.000 millones (121,5 millones de dólares) en 206.
El CNSD también ordenó la creación de la Comisión para la Cero Deforestación y pidió al Parlamento hondureño reformar el Código Penal para endurecer las penas para delitos ambientales.
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