Lima, 1 may (EFE).- Cientos de manifestantes se unieron este miércoles a la movilización convocada en Lima por los familiares de los fallecidos en las protestas antigubernamentales de 2022 para reclamar "dignidad y justicia", ante la falta de sanción para los responsables por las 49 muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Delegaciones de familias de las regiones de Puno, Cuzco, Ayacucho, Junín y Apurímac llegaron este miércoles a Lima para participar en la marcha que se dirigió hacia la avenida Abancay, donde se ubica el Congreso de la República, y en el camino la Policía Nacional intentó impedir su paso.
Sin embargo, los manifestantes llegaron al frontis del Palacio Legislativo, con calles a oscuras, para reclamar la acción de la justicia, acompañados por grupos de estudiantes, organizaciones políticas y sociales.
"Policías y militares, asesinos de la clase obrera y campesina", "cárcel para los genocidas", "Dina asesina", "Con cadenas de oro, arrastras 60 muertes" y "Cierre del Congreso criminal" eran los mensajes de algunas de las pancartas de los manifestantes.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha pedido en los últimos días la unidad de los peruanos para salir de la recesión económica que golpeó al país el año pasado, y ha negado que encabece un Gobierno "débil" por la falta de apoyo de una bancada en el Parlamento.
Desde el año pasado, Boluarte es investigada por las muertes en las protestas de 2022, junto al entonces primer ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, por el presunto delito de homicidio calificado.
Por ese caso, Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el 27 de septiembre del año pasado, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en su país y pidió que se cierre la investigación que hay en su contra.
La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades del Gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. EFE
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