Lima, 21 mar (EFE).- El Congreso de Perú promulgó este jueves una ley que reduce el plazo para la 'colaboración eficaz', un mecanismo que permite que personas sometidas o no a una investigación penal colaboren con la Justicia, que aprobó en diciembre de 2023 por insistencia tras haber sido devuelta sin promulgar por el Ejecutivo.
La norma modifica el Nuevo Código Procesal Penal para limitar a un máximo de 8 meses el tiempo que tiene la Fiscalía para realizar todas las diligencias que permitan corroborar que el proceso de colaboración tiene validez.
Agrega que se podrá solicitar la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar esas diligencias y que el fiscal podrá celebrar reuniones con el aspirante a colaborador en presencia de su abogado defensor.
"El plazo, desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, será máximo de ocho meses", subraya antes de indicar que "por causas justificadas, el fiscal podrá prorrogar dicho plazo hasta por cuatro meses; en caso de crimen organizado, la prórroga será hasta por ocho meses".
En las disposiciones complementarias se establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar estas nuevas normas en un plazo no mayor a treinta días, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La modificación, aprobada el año pasado por el pleno del Congreso, generó la opinión en contra del Gobierno peruano, que decidió devolverla sin promulgar tras considerar que el plazo es muy corto y puede convertirse en un obstáculo para el trámite de los procedimientos legales.
El entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que un estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), determinó que el plazo debía ser de 36 meses "para garantizar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva".
Representantes de la Fiscalía consideraron, por su parte, que debía ser similar al de la investigación preparatoria para evitar una contradicción normativa y también debía considerarse la complejidad de cada caso.
En ese sentido, expertos y analistas anotaron que la norma puede afectar la lucha contra los delitos de corrupción, extorsión, minería ilegal y narcotráfico, que en muchos casos requieren de peritajes exhaustivos y corroborar datos con fuentes internacionales.
A pesar de estas opiniones, la norma fue aprobada con insistencia por el pleno en diciembre pasado y publicada este jueves en el boletín oficial con las firmas del presidente del Congreso, el derechista Alejandro Soto y del primer vicepresidente del Legislativo, el fujimorista Arturo Alegría. EFE
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