Bruselas, 13 mar (EFE).- La Comisión Europea dio este miércoles dos meses de plazo a cuatro países, entre ellos España, para que cumplan los procedimientos judiciales transfronterizos sobre la orden de detención europea, que en el caso español es ya el último paso antes de llevar al país ante los tribunales de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario envió hoy una carta de emplazamiento adicional a Alemania, Letonia y Eslovenia, y un dictamen motivado España por incumplir en concreto la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
La orden de detención europea es un procedimiento judicial transfronterizo simplificado para la entrega de la persona buscada a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
En el caso de España no se han transpuesto plenamente las disposiciones sobre entrega o extradición posterior ni las disposiciones relativas a los motivos de denegación obligatorios y facultativos o a las resoluciones dictadas a raíz de un juicio celebrado sin comparecencia del imputado, precisó la Comisión Europea
En funcionamiento desde el 1 de enero de 2004, la orden de detención europea ha sustituido a los largos procedimientos de extradición que existían entre los Estados miembros de la UE.
La Comisión envió por primera vez una carta de emplazamiento a España en mayo de 2021, a Alemania en febrero de 2021, a Letonia en diciembre de 2021 y a Eslovenia en febrero de 2022.
Tras analizar sus respuestas, la Comisión concluyó que ninguno de los cuatro países había hecho bien los deberes por diferentes motivos.
Por tanto, Bruselas ha decidido enviar sendas cartas de emplazamiento adicionales a Alemania, Letonia y Eslovenia, y un dictamen motivado a España, que disponen ahora de dos meses para responder a ellos y abordar las deficiencias señaladas por la Comisión.
En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado a Alemania, Letonia y Eslovenia, y llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. EFE
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