Brasilia, 4 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este lunes un proyecto de ley que será remitido al Parlamento y propone regular el trabajo de los conductores vinculados a aplicaciones móviles de transporte en el país.
Lula, quien llegó a la política desde los movimientos sindicales, recordó en la ceremonia que comenzó a debatir ese asunto en 2021, cuando estuvo en España y se acababa de aprobar una reglamentación similar propuesta por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, a quien recibirá en Brasilia el miércoles próximo.
El proyecto que será presentado al Parlamento brasileño, según Lula, "establecerá condiciones para que los empleadores hagan sus negocios y ganen dinero" y al mismo tiempo "garantizará la dignidad de los trabajadores".
La propuesta del Gobierno establece la creación de la figura del "trabajador autónomo de plataformas" digitales, y algunos derechos mínimos que deberán ser respetados por las empresas, en caso de que sea aprobado por las cámaras legislativas.
Entre ellos, plantea garantías de que ganarán al menos un salario mínimo, situado actualmente en 1.412 reales (unos 288 dólares), contribuciones a la seguridad social y una jornada con un mínimo de ocho horas por día y un máximo de doce.
De acuerdo a datos oficiales, cerca de 1,5 millones de personas trabajan en Brasil con las aplicaciones de servicios, bien sea como conductores o como repartidores a domicilio, aunque estos últimos no han sido contemplados en el proyecto, por falta de acuerdo con las empresas del sector.
Aún así, el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, aseguró que el Gobierno también pretende regular la actividad de los repartidores, de quienes afirmó que "sufren las peores condiciones, sea en motos, en bicicletas o a pie".
En torno a la mitad de quienes trabajan con aplicaciones en Brasil están dedicados al transporte, con empresas como Uber o Cabify, y en los últimos años han lidiado con la falta de una legislación específica sobre sus actividades.
El asunto ha sido motivo de cientos de demandas y muchas han llegado a la Corte Suprema, que en todos los casos ha decidido que no existe un vínculo laboral entre las aplicaciones y los conductores o repartidores a domicilio.
El proyecto que será remitido al Parlamento ha sido objeto, según el Gobierno, de negociaciones tripartitas, en las que participaron el Ministerio de Trabajo, las propias empresas y representantes de los trabajadores.
En esas negociaciones también han intervenido representantes de la oficina brasileña de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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