Caracas, 11 feb (EFE).- La activista y defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, informó este domingo el fiscal general, Tarek William Saab.
La confirmación de la captura se conoce dos días después de que, según diversas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de la oposición, fuera detenida la también abogada en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.
En X, el fiscal señaló que San Miguel fue aprehendida tras emitirse una orden de captura en su contra por "estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios".
'Brazalete Blanco' se trata, según dijo Saab en enero, de la conspiración más reciente de cinco que las autoridades desmantelaron desde mayo del año pasado, por las que han sido detenidas más de una treintena de personas, entre civiles y militares.
El fiscal dijo este domingo que el plan también incluía el "ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (estado Táchira) y otras entidades del país".
Aseguró que las investigaciones "continúan su curso, recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país".
Amnistía Internacional (AI) pidió este domingo la libertad "inmediata e incondicional" de la activista y pidió el respeto a sus derechos y a la "medida cautelar de protección dictada a su favor" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como "acceso a abogados y familiares".
ONG han denunciado que la familia de San Miguel desconoce su paradero desde la detención el pasado viernes.
La activista había informado este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, "a más tardar el 6 de mayo", un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a su favor y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
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