San Salvador, 25 ene (EFE).- Organizaciones de derechos humanos y ambientales de El Salvador denunciaron este jueves impunidad jurídica, ambiental y social en el caso de una zona afectada por la contaminación con plomo, donde funcionó una fábrica de baterías hasta 2007.
Se trata de la localidad de San Juan Opico, a más de 39 kilómetros de distancia de San Salvador, donde en septiembre de 2007 y tras 12 años de funcionamiento se clausuró la fábrica de Baterías de El Salvador (BAES), conocida como baterías Récord.
El cierre se dio por la contaminación con plomo de varias comunidades aledañas, donde al menos 105 personas, entre ellas 63 niños, sufrieron problemas de salud por ello.
Alejandro Díaz, abogado de la ONG Tutela Legal 'María Julia Hernández', señaló en una conferencia de prensa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó un informe con recomendaciones para reparar el daño causado por la fábrica a los habitantes del lugar, sin embargo estás no se han cumplido.
Indicó que "el Estado y los diferentes gobiernos de turno no han asumido la responsabilidad de reparar ambientalmente la zona y de brindar una atención integral en salud para las personas afectadas".
El letrado aseguró que aún existe en la zona contaminación por cenizas y escoria que no ha sido retirada y que aún representa una amenaza en salud para los pobladores cercanos al lugar.
Según los afectados, cuando se cerró la fábrica de Baterías de El Salvador, quedaron abandonadas más de 33.000 toneladas de escoria y ceniza de plomo, que luego fueron vertidas hacia las comunidades del Sitio del Niño tras un incendio registrado en agosto de 2020.
Además, indicaron que hay más de 50.000 toneladas de otros materiales tóxicos, como selenio, arsénico, ácido sulfúrico y dióxido de plomo.
El ambientalista Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), lamentó "la pasividad" del Estado en este caso y aseguró que las víctimas por la contaminación "tampoco han sido indemnizadas económicamente para reparar sus daños".
"Hay una necesidad que se haga justicia en este caso y aún más la importancia que se repare a las víctimas", agregó.
Por dicha contaminación, los ingenieros Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito fueron procesados por presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión.
Sin embargo, en junio de 2011 un tribunal de Sentencia declaró nulo, por un tecnicismo, el proceso contra los tres ingenieros. Mientras, los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, prófugos de la Justicia, fueron declarados rebeldes por no presentarse a la diligencia.
En agosto de 2010, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente decretó emergencia ambiental en la zona alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en unos 4.000 habitantes.
En repetidas ocasiones, los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica afectó un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas. EFE
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