¿Ecuador afrontará una consulta que se pudo solventar en la Asamblea Nacional?

Quito, 4 ene (EFE).- Varias de las preguntas que el Gobierno del presidente Daniel Noboa propone para una consulta popular que busca seguridad, justicia y empleo, pudieron ser solventadas en la Asamblea Nacional, sostienen analistas que, por otro lado, ven una pérdida de oportunidad para abordar en el proceso otros temas cruciales para Ecuador.

Noboa, quien asumió la Presidencia en noviembre de 2023, asegura que con la consulta se busca la intervención de los militares en la lucha contra la delincuencia y el apoyo del sistema de Justicia para que los condenados del crimen organizado "tengan penas más altas y que las cumplan".

Además, "promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas", aunque solo una de las 11 preguntas que ahora estudia la Corte Constitucional se relaciona con economía.

Al analizar las preguntas planteadas, el experto en seguridad Fernando Carrión comentó a EFE que "no se trata de reformas constitucionales, sino más bien legislativas, que bien pudieron ser absorbidas dentro del acuerdo tripartito que existe entre la Revolución Ciudadana (correísmo), el Partido Social Cristiano y (el oficialista) ADN" en la Asamblea Nacional.

Anotó que la semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, "llamó a definir una agenda legislativa" y "ahí se pudo haber resuelto este problema para que no cueste como 70 millones de dólares, que es lo que cuesta la consulta".

En la misma línea, el abogado constitucionalista Ismael Quintana dijo no entender la necesidad de gastar dinero que el país no tiene y tiempo, que tampoco tiene Noboa -pues su Gobierno terminará en mayo de 2025- en un proceso "que bien podría caminar en la Asamblea Nacional", donde ya el Ejecutivo ha logrado apoyo a otras iniciativas.

Más tajante, el exgobernante Rafael Correa (2007-2017) cree que la consulta es "totalmente inoportuna" y que el 80 % de las preguntas es puro "populismo penal, que se puede hacer a través de ley".

Mientras que, para el Partido Social Cristiano algunas de las preguntas son de ámbito legal y no constitucional, "y están en trámite en la Asamblea Nacional".

Desde la Presidencia, el Secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, reconoce que la Asamblea podía resolver los asuntos, "pero si no lo ha hecho, lo que estamos buscando es hacerle una pregunta al pueblo, para que el pueblo responda, y con ese respaldo volvemos a la Asamblea".

¿Temas faltantes?

Carrión explicó que diez de las 11 preguntas son de seguridad, lo que refleja la principal preocupación de los ecuatorianos, que han visto crecer una espiral de violencia, que se saldó en 2023 con 7.848 personas asesinadas, detalló.

"Eso ha dado una tasa de un poco más de 46 homicidios por 100.000 habitantes, que es la tasa más alta que hayamos tenido a lo largo de toda la historia del Ecuador", dijo al anotar, además, que solo el pasado 1 de enero hubo 50 muertes violentas en el país.

La consulta, para Carrión, va por la misma línea de la "mano dura" de los últimos años, pero cree que se debe avanzar con "mano inteligente", desarrollando un marco institucional y definiendo una política, ofreciendo, además, detalles del "plan Fénix" de seguridad del Gobierno.

Pero, además de la inseguridad, el país también afronta problemas por la falta de empleo, por lo que Carrión critica que no haya en las preguntas "ninguna propuesta respecto de empleo" o de economía, que son "dos elementos fundamentales" para afrontar la violencia.

Pero el analista económico Alberto Acosta-Burneo cree que la última pregunta sobre el posible retorno de los casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, está relacionada con la generación de empleo, aunque con un efecto focalizado, por lo que no la ve como una solución global a los problemas de empleo del país.

El analista echa en falta tres temas fundamentales de materia económica: prohibir todos los monopolios públicos y privados, y hacer una mejora en la legislación laboral, pues el país tiene una "legislación laboral de hace más de 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet".

Además, que se consulte sobre la eliminación de trámites y el exceso regulatorio que considera hay en el país, que afronta en 2024 una situación económica "muy complicada", con una proyección de crecimiento de 0,8 % frente al 1,5 % estimado de 2023.

Acosta-Burneo dijo a EFE que la consulta "lamentablemente desaprovecha para hacer cambios económicos profundos" pues la seguridad era "el gran ancla para recibir apoyo en otros temas".

Susana Madera

Quito, 4 dic (EFE).- El funcionamiento de casinos -prohibidos en Ecuador a tenor de una consulta popular en 2011- vuelve a la discusión política en el país al constar esa posibilidad en una de las once preguntas de una consulta popular que el jefe de Estado, Daniel Noboa, ha enviado a análisis de la Corte Constitucional.

"¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?, reza la última pregunta de la consulta que el Gobierno espera realizar este primer trimestre.

El Ejecutivo considera que el impacto de la prohibición de los mencionados negocios, "fue la pérdida de plazas de empleo que se encontraban establecidas en 160 salas de juego a nivel nacional".

Apunta, además, que el funcionamiento de esos negocios "es una actividad que puede ser regulada, focalizada y controlada por ley".

El planteamiento señala que su funcionamiento deberá tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura, y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental, y de la seguridad ciudadana.

La autorización de los casinos "se plantea como una solución que, siempre y cuando sea regulada de manera cuidadosa, contribuirá a fortalecer la estabilidad económica y en consecuencia a mitigar la inseguridad en zonas de peligrosidad", señala el Ejecutivo.

Además, la apertura y funcionamiento de esos negocios no solo genera oportunidades de trabajo directo, sino también empleos indirectos en sectores relacionados como hotelería y los servicios asociados.

"Este flujo de empleo no solo impulsa la economía local, sino que también es el medio para una red de estabilidad económica para individuos y comunidades enteras", argumenta el Ejecutivo.

Noboa presentó las once preguntas de la consulta como un mecanismo para ofrecer seguridad, justicia y empleo, pero el analista económico Alberto Acosta Burneo comentó a EFE que, aunque la eventual reapertura de empresas de entretenimiento genere empleo focalizado, no es una solución a ese problema global en el país.

Para Noboa, "un casino genera empleo", especialmente en provincias como la de Santa Elena, "en la cual más de 25.000 familias se quedaron prácticamente en la calle cuando se acabaron los casinos", dijo este jueves al señalar que quieren volver al Ecuador "más atractivo para inversionistas turísticos (...), un lugar de mayor empleo y de mayor desarrollo".

El expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo Gobierno se prohibieron los casinos, sostiene que la pregunta 11 es peligrosa porque "si hay algo que atrae al crimen organizado es el lavado de dinero, y donde más se lava dinero es en los casinos, en los juegos de azar".

Al ser Ecuador un país dolarizado, Correa cree que abrir casinos es "la fórmula perfecta" para que el país sea "una lavandería de dinero y se potencie el crimen organizado".

Coincide con Correa el experto en seguridad Fernando Carrión, quien comentó a EFE que "están asociadas esas industrias del entretenimiento con formas de lavado, en unos casos de narcotráfico, en otros de corrupción, y en otros de no pago de impuestos".

Pero Acosta Burneo difiere con la postura de Correa: "Es absolutamente falso, más bien lo que estamos viendo son estos prejuicios de un grupo de gente que se dice de izquierda, pero que tiene una moral extremadamente conservadora, que le horroriza pensar en las apuestas y en los casinos, pero más bien desde unos prejuicios ideológicos moralistas".

Anotó que casinos y otras actividades de entretenimiento, existen en el mundo y si están reguladas adecuadamente, no hay problema.

"Igual se podría decir de la actividad bancaria, pero para eso se hace y se adoptan normativas para evitar el lavado de dinero. Lo mismo podríamos decir de la actividad inmobiliaria ¿por qué no prohibimos entonces la actividad inmobiliaria?", se preguntó.

Y subrayó que "no es prohibiendo actividades económicas que se combate el narcotráfico y elevado de dinero".

Susana Madera