Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- Un juez ordenó este miércoles la prohibición de salida del país a seis hondureños, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), acusados por fraude, lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
El juez natural dictó "medidas distintas a la detención judicial a los 6 imputados", indicó la Corte Suprema de Justicia de Honduras en un mensaje en X (antes Twitter).
La resolución del juez indica que Lobo y las otras cinco personas se defenderán en libertad, pero no podrán salir del país y deberán firmar cada 15 días un libro de control en el Supremo hondureño.
Agregó que los imputados también deben "rendir caución por un valor de 6 millones de lempiras (243.111 dólares)", y el juez fijó para el 10 de enero de 2024 la audiencia inicial.
El expresidente Lobo es acusado por fraude en un caso que involucra también a cinco altos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
En el caso, conocido como "Pandora", están acusados el exministro de Finanzas Wilfredo Cerrato, por fraude; los exgerentes de esta secretaría Lilia María Bográn y James Aldana Medina, y su director de presupuestos, Roberto Alonso Zúñiga, así como el exgerente de Banadesa Jorge Johny Handal, por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Según las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 "una red de corrupción" que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos públicos por más de 288 millones de lempiras (cerca de 11,7 millones de dólares) autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Tras conocer la resolución, Lobo indicó a periodistas que él no ha cometido "ningún delito" y aseguró que el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, quiere callarlo.
Santos "quiere callarme a mí, no hay ningún delito, no hay dinero de por medio, nadie de los que estamos ahí (acusados) ha recibido dinero, no hay ningún beneficio", subrayó.
El expresidente hondureño dijo que los acusados "confiamos en que la justicia se va a aplicar, lo que pasa es que Luisito (Luis Javier Santos) estaba acostumbrado a los jueces que tenían cuando estaba la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), que era lo que ellos decían y cualquier tontera la daban por válida".
Agregó que la Uferco presentó "con malicia" un requerimiento fiscal en su contra, pero indicó que espera que la Corte Suprema de Justicia "no se debe contaminar" como en el pasado.
Inicialmente el caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic, ahora Uferco) y la otrora Maccih, que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Ufecic y la Maccih acusaron en 2017 a al menos 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, por desviar miles de millones de lempiras para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013.
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