Lima, 6 dic (EFE).- El Gobierno de Perú ratificó este miércoles su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), tras desoír a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al liberar al expresidente Alberto Fujimori.
"Ratificamos la firme adhesión del Gobierno de Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad", dijo el canciller Javier González-Olaechea en un mensaje en nombre del Ejecutivo grabado junto al ministro de Justicia, Eduardo Arana.
El ministro afirmó que el Gobierno "ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori".
Fujimori (1990-2000) fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional (TC), a pesar de que la CorteIDH (cuya creación es parte del Pacto de San José) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
El ex jefe de Estado abandonó el penal de ´Barbadillo´ con unas gafas nasales que proveen de oxígeno, un día después de que se conociera que el TC dispuso "la inmediata libertad del favorecido" al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El TC ordenó este martes la libertad inmediata del exgobernante y la resolución, que fue firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró "fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado" que reactivó el indulto de 2017.
Sin embargo, la CorteIDH publicó este miércoles una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al exgobernante, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.
Al respecto, el ministro Arana afirmó, "a nombre del Gobierno de Perú", que la Constitución obliga al "poder Ejecutivo a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales".
"El Gobierno ha procedido a acatar la sentencia del TC emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori", sostuvo el ministro de Justicia. EFE
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