Budapest, 4 dic (EFE).- El nuevo proyecto de ley en Hungría "de defensa de la soberanía" tendrá un "escalofriante" impacto sobre la prensa independiente del país centroeuropeo, denunció este lunes el Instituto Internacional de Prensa (IPI) en un comunicado.
"El IPI se une a los socios del grupo Media Freedom Rapid Response (MFRR) para advertir a la Unión Europea (UE) sobre el escalofriante impacto que la nueva ley tendrá sobre lo que queda de la asediada comunidad de medios de comunicación independientes", afirma la organización.
El texto del polémico proyecto de ley fue presentado la semana pasada al Parlamento por el partido gubernamental, el Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán.
En este se endurece la ya existente prohibición de financiación extranjera en campañas políticas y prevé la creación de una "Oficina de defensa de la soberanía" que investigaría posibles casos de injerencia y la actividad de personas, organizaciones o Estados extranjeros que pongan en peligro la soberanía del país.
"Aunque en el texto del proyecto de ley no se menciona directamente a los medios de comunicación", el lenguaje vago del texto al determinar las posibles injerencias "abriría la puerta a la presión del Estado sobre los medios que reciben financiación extranjera y producen periodismo crítico con el gobierno", advierte el IPI, con sede en Viena.
Según esta organización de defensa de la libertad de prensa, el proyecto de ley es el "último eslabón" de unas políticas de acoso de la prensa independiente en Hungría, donde Orbán gobierna desde 2010.
La propuesta del Fidesz plantea que "es un importante riesgo de seguridad nacional si el poder político queda en manos de personas u organizaciones que dependen de personas, organizaciones o poderes extranjeros".
El IPI denuncia además que las "nefastas condiciones" de la libertad de prensa en Hungría se han desarrollado bajo el Gobierno de Orbán sin que la UE haya hecho nada al respecto.
La semana pasada la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pidió que Hungría renuncie al proyecto porque las competencias que tendría esa oficina suponen "un riesgo significativo" para los derechos humanos.
El Parlamento húngaro comenzó a discutir sobre el proyecto la semana pasada y por el momento se desconoce cuándo podría votar sobre su aprobación, aunque su visto bueno es solo un formalismo al disponer Orbán en la Cámara una mayoría de dos tercios. EFE
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