Barbados pide gravar la banca, los beneficios de energías fósiles y el transporte marítimo

Dubái, 4 dic (EFE).- La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, defendió este lunes, como próximos pasos para ampliar la financiación climática, gravar con un impuesto del 0,1 % los servicios financieros globales, con uno del 5 % los beneficios de la industria de los combustibles fósiles y con el 1 % el transporte marítimo de mercancías.

Así lo puso de manifiesto la jefa del ejecutivo del Estado insular, que inauguró junto al economista Nicholas Stern y al director general de la COP28 la jornada de la cumbre del clima dedicada a la financiación.

Mottley, conocida por ser una de las voces de más peso en las demandas de la justicia climática internacional, valoró los progresos que se han dado en materia de financiación en este último año, pero aseveró que aún “no estamos donde tenemos que estar”.

La arquitecta de la Iniciativa de Bridgetown, un plan para reformar del sistema financiero internacional que impulsó su gobierno hace un año y medio, agradeció al presidente de la COP28, el emiratí Sultan Al Yaber, por su “liderazgo” y su “determinación” de que "debemos dejar Dubái con progreso, incluso si no estamos en el destino final”.

Mottley valoró que, tras poner en marcha dicha iniciativa -hace sólo 18 meses-, el FMI activó el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, nuevo fondo fiduciario para ayudar a los países a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad.

Este fondo, dijo, ha supuesto “una gran diferencia para nosotros”, al conceder por primera vez dinero a 20 años, “con una moratoria de diez años y medio, en condiciones favorables para que los países construyan sobre la base de su vulnerabilidad climática, en contraposición a la deuda ligada al PIB per capita, algo que hemos estado defendiendo como un componente esencial del sistema”.

Pero subrayó que ahora hace falta que otras instituciones se alejen también de la deuda ligada al PIB per capita y “se centren en la vulnerabilidad climática” como factor clave para el acceso y la financiación.

“No sólo tenemos las cláusulas de pausa que se anunciaron en París”, celebró además Mottley en alusión a la cumbre sobre financiación que ella misma impulsó en junio junto al presidente francés Emmanuel Macron-, sino que “aquí en Dubái se ha matizado la confusión, y estas cláusulas estarán ahora disponibles para la deuda existente de los bancos multilaterales de desarrollo, en este caso el Banco Mundial”.

Mottley recalcó algunas medidas que pueden “ayudar a cerrar la brecha” y aumentar la capacidad fiscal con la que responder al reto climático en los países en desarrollo, como, por ejemplo, un impuesto mundial del 0,1 % sobre los servicios financieros con el que se calcula que el mundo podría recaudar cerca de 420.000 millones de dólares.

La mandataria de Barbados y voz cantante en las negociaciones por parte de los estados ahogados en una crisis de deuda -y, al mismo tiempo, afectados por los efectos del calentamiento global- propone además gravar el 5 % de los beneficios del petróleo y el gas, que el año pasado fueron de 4 billones de dólares; “lo cual nos daría 200.000 millones”.

A esta recaudación, puntualizó, se podrían añadir cerca de 700.000 millones de dólares si se toma también el 1 % del valor del transporte marítimo de mercancías (valor que el año pasado ascendió a 7 billones de dólares).

Así, sumando la recaudación de la tasa a los servicios financieros, la de los combustibles fósiles y la del transporte marítimo, “tendríamos 690.000 millones”, recapituló Mottley, que deberían ir a parar a la adaptación y a la recuperación de los países más vulnerables al cambio climático tras las “pérdidas y daños” que ocasionan los acontecimientos asociados a este fenómeno (inundaciones, sequías, etcétera) .

El problema, a su juicio, es al marco de gobierno: “¿Quién lo va a autorizar? ¿Quién lo va a hacer cumplir?”, planteó.

“Tenemos que alcanzar un pacto global en el que los países reconozcan que no sólo pueden actuar en su propio interés deliberado, sino que también tienen que actuar en interés de la preservación de los bienes públicos globales”, aseveró.

“El destino no es la financiación, es la ejecución real de los proyectos", dijo, y “si queremos garantizar que nuestros hijos y nietos no se vean comprometidos”, habrá que actuar con urgencia, "porque lamentablemente la perspectiva de que ciertos países y regiones se vuelvan inasegurables y sin capacidad de inversión está delante de nosotros, y ese es el punto de inflexión que queremos evitar”, afirmó.

Dubái, 4 dic (EFE).- La sociedad civil y los gobiernos deben guiar al mercado para avanzar en la financiación de la agenda climática y evitar que el debate de en qué y cómo se invierte quede solo en "discusiones económicas" ante las "necesidades sociales del cambio climático", según los expertos que participan en la COP28 de Dubái.

Ese fue una de las principales conclusiones de la mesa redonda "De la brecha financiera a unas finanzas orientadas en los resultados" en la Cumbre del Clima del Cambio Climático, en la que participó la ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, junto con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; Cecilia Nicolini, secretaria de Estado de Argentina de Cambio Climático, y Bogolo Kenewendo, consejera especial para el programa de la ONU de campeones climáticos.

Todas ellas expresaron la noción de que tiene que haber acción gubernamental para orientar a los mercados en temas climáticos, dada la imperiosa necesidad de transformar la economía ante la crisis climática, una acción para lo que la simple actividad privada no tiene capacidad.

En ese sentido, Ribera apuntó que, e hecho, el mundo ya firmó "un nuevo contrato social" en cuanto se "aferró" al esfuerzo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a la temperatura preindustrial antes del fin de este siglo y que "todos los flujos financieros deban tener garantía climática".

"De otra forma no es posible poner billones en infraestructura, para descarbonizar la energía y los sistema industriales y facilitar la seguridad alimentaria de una forma sostenible. Necesitamos reorientar todo el flujo financiero, pues 100.000 millones es una minucia si necesitamos asegurar ese objetivo", dijo la ministra.

En ese sentido, dijo que todo esto debe ser considerado "una inversión, no un gasto" y son cosas que pueden y deben ser "impulsadas por políticas institucionales y gubernamentales".

Ese impulso y dirección puede tener forma de regulaciones o impuestos, en el sentido de lograr que "la gente no sienta que la transición climática se hace sobre sus hombros".

"Hay que asegurarse de que capturamos, promovemos e incentivamos las decisiones correctas provenientes de las empresas privadas e inversores privados, así como del sistema financiero", añadió.

Por su parte, Nicolini, cuyo Gobierno dejará el paso el próximo día 10 de diciembre al conformado por Javier Milei, reconocido negacionista climático, se refirió expresamente a la necesidad de combatir la agenda de dejar hacer libremente al mercado en temas climáticos "hasta el último día".

"Esta es la última oportunidad que hay para desarrollarse en un modo sostenible, para crecer. El clima permite esa posibilidad. (...) Aunque creas que es una invención (el cambio climático), al menos actúa por interés económico, no seas estúpido. Hazlo por que toda las inversiones, financiación y presupuestos y trabajo y oportunidades para el país vendrán condicionadas por el clima y la sutentabilidad", dijo la funcionaria.

Por su parte, Kenewendo fue categórica al subrayar que los poderes públicos deben "guiar al mercado para que ponga a la gente en su centro" a la hora de gestionar la crisis climática, y que por eso el debate de la financiación no debe centrarse en discusiones económicas, sino en su imprescindible vertiente social.