Lima, 10 nov (EFE).- Un total de 365 defensores de comunidades indígenas en Perú fueron víctimas de ataques, intimidaciones y hostigamiento, desde enero del 2022 hasta septiembre de este año, informó un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una presentación difundida este viernes en Lima.
Los 151 incidentes sufridos por los defensores en ese periodo, incluyen el asesinato de siete personas, declaró la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Catherine Neciosup, durante la presentación del "Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT" elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Neciosup afirmó que "el derecho a la consulta previa no debe verse como una isla en el océano, sino que tiene que verse vinculado a los demás derechos de los pueblos que están contenidos en otros instrumentos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", según recoge un comunicado de la CNDDHH.
En la presentación del informe se debatió sobre el hecho de que muchos de los derechos de los más de 50 pueblos indígenas en Perú no se aplican de manera adecuada en el país.
El representante de la Coordinación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Javier Jahncke, comentó que hay debilidad en la articulación multisectorial en los sectores que abordan las políticas para pueblos indígenas y para la protección de los defensores y defensoras.
"En el Congreso (peruano) hay un grupo antiderechos que busca revertir los avances en materia de derechos para abrir la Amazonía a la penetración del extractivismo", expresó Jahncke.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional Agraria, Rosalía Clemente Tacsa, dijo que no se han visibilizado los reclamos, ni demandas de los pueblos indígenas, a pesar de que, durante la pandemia, las comunidades indígenas han "puesto los alimentos sobre la mesa" de la población.
A su vez, la abogada de la organización CooperAcción, Ana Leyva, declaró que "la eficacia de la consulta previa es casi nula. Ha sido una pelea por las tierras y por los territorios, ese sigue siendo un problema central de los pueblos indígenas".
"Ahora hay intentos de desarrollar autonomías y autogobiernos", apuntó.
A su turno, la legisladora izquierdista Ruth Luque denunció que se está "viviendo en un contexto de criminalidad e impunidad, avalado por un Congreso de la República que no ha querido nunca aprobar la consulta previa de las medidas legislativas".
Sin embargo, "pese a la crisis y a la situación adversa", consideró necesario "seguir disputando espacios para la representación política indígena y que los pueblos participen en los espacios de poder y de toma de decisiones"
El secretario adjunto de la CNDDHH, Miguel Jugo, apuntó que los derechos colectivos son exigibles, a nivel nacional e internacional, y recordó la importancia del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, así como su aplicación en medidas legislativas.
"Es muy importante la unidad del pueblo y de los pueblos indígenas. Esta unidad debe ir a otros sectores. Es momento de unirnos y articularnos en una agenda común", afirmó Jugo.
La presentación del informe busca sensibilizar a la opinión pública sobre la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, y hacer un llamado a organismos internacionales para que contribuyan a incidir en el Estado peruano para establecer medidas que permitan solucionar sus demandas. EFE
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