San José, 26 sep (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tildó de "cínicos", "antipatrióticos" y "traidores" a los diputados que pasaron por encima de un veto suyo y aprobaron una ley que pretende sacar al país de la lista gris de la Unión Europea (UE) de naciones no cooperantes en materia fiscal.
"Hoy es un día oscuro, un punto negro en la historia de nuestros país. La Asamblea Legislativa reselló mi veto a la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Era un veto parcial porque sacar a Costa Rica de la lista era una prioridad de todo el país", dijo Chaves en su conferencia de prensa semanal.
El pasado 14 de septiembre Chaves vetó parcialmente la iniciativa luego de que fuera aprobada por el Congreso, al considerar que abre portillos para la evasión y favorece a grupos de poder económico.
El mandatario calificó este martes como "cínico lo que hicieron 38 diputados, algo terrible, vergonzoso", al referirse a la aprobación de la "Modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea".
La ratificación se dio mediante un procedimiento llamado resello, que le permite al Congreso avalar leyes por encima de un veto presidencial, para lo cual se requieren al menos 38 votos, la mayoría calificada del Legislativo que está integrado por 57 diputados.
Chaves expresó que la ratificación de la ley es algo "antipatriótico" y que los diputados "perdieron la autoridad moral para seguir hablando del combate a la evasión y elusión fiscal"
"Le hicieron un gran favor a los grandes capitales de este país", aseveró.
Chaves continuó su descargo dirigiéndose a la diputada de su propio Partido Progreso Social Democrático (PSD), Luz Mary Alpízar, cuyo voto fue clave para la aprobación de la ley.
"Nunca me he sentido más traicionado y desilusionado de una persona. La traición de la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza es una traición que repudio, que me avergüenza porque eso es ser Judas", manifestó el presidente.
Según los propulsores de la ley, esta grava las rentas pasivas de acuerdo con la guía que la UE plantea sobre regímenes de exoneración de rentas de fuente extranjera y además excluye rentas pasivas que cumplan con requisitos de sustancia adecuados y claramente definidos.
Otro punto es que elimina la discrecionalidad administrativa en la determinación de la renta pasiva de fuente extranjera, busca resolver problemas de claridad normativa, cumplir con la norma antiabuso especifica a efectos de mantener la exclusión de determinadas rentas pasivas del gravamen.
Sin embargo, el Gobierno afirma que esa ley elimina la aplicación del principio de territorialidad y eso fomentaría las planificaciones fiscales agresivas o estrategias de evasión fiscal, orientadas a trasladar el patrimonio a otras jurisdicciones.
Además, según el Ministerio de Hacienda se le impediría cobrar unos 18 millones de dólares anualmente por no poder aplicar el 30 % en créditos registrados en la balanza de pagos y el Estado perdería unos 65 millones de dólares de ingresos extraterritoriales que están en etapa procesal en vía administrativa y en vía judicial.
El Gobierno había presentado al Congreso otra iniciativa, pero la mayoría de los partidos de oposición no la apoyan pues consideran que incrementa los impuestos y que contiene disposiciones fuera de los requerimientos de la UE.
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